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Entre paréntesis

Fuegos artificiales

Fernando Escalante Gonzalbo

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Otras cosas no sé, pero fuegos artificiales no van a faltar. La semana pasada el senador Monreal nos regaló un ejercicio pirotécnico de mucho mérito; empezaba con un castillo hecho a base de legalidad, legitimidad, justicia, armonía, negociación y consenso, algunos buscapiés: imprimir legitimidad a las normas injustas, el bloque de constitucionalidad y el (sano) equilibrio de poderes, y terminaba con una traca estrepitosa: si queremos alcanzar la justicia, necesitamos normas justas para que se logre el bien supremo tutelado por el derecho a la justicia y la legalidad. Exactamente así.

Algunos necesitamos ir más despacio. El derecho es un asunto técnico, la justicia es una aspiración moral. No solo son cosas distintas, sino que corresponden a dominios distintos y se explican en lenguajes distintos. Por eso una ley puede ser más o menos justa, como puede ser más o menos moderna, práctica, complicada. Desde luego, aspiramos a que las leyes sean justas, pero nunca podrán reproducir exactamente la justicia, entre otras cosas porque en el derecho puede haber respuestas objetivas, algo puede ser claramente legal o ilegal, pero la justicia es siempre opinable. Y eso significa que nunca una ley o una sentencia es objetivamente injusta, sino que lo es según un punto de vista, según determinados criterios —otra vez, discutibles, y sobre todo cambiantes.

El derecho no puede asegurar la justicia, pero sí ofrece una garantía contra la arbitrariedad (en primer lugar la arbitrariedad de quienes ocupan el poder). Y de eso se trata.

Las encuestas dicen repetidamente que los mexicanos piensan que no debería cumplirse una ley si es injusta. Es muy razonable. Nuestro problema con la legalidad no es ése: nadie roba ni secuestra ni recibe un soborno, nadie asesina porque piense que es injusto que el robo o el asesinato estén prohibidos. Lo que las encuestas sugieren es que hay la convicción de que las leyes deberían ser justas, es decir, que deberían ser moralmente defendibles. No es un disparate. La manifestación más elevada de valor civil que se hubiera podido esperar de un ciudadano alemán durante el nazismo habría sido que se rehusara a cumplir las leyes que le parecían injustas. O de los ciudadanos estadunidenses bajo las leyes de segregación racial. Ahora bien, si es razonable, si es incluso encomiable que en casos así se prefiera la justicia, es claro que eso tiene un costo. El gesto cívico consiste en desobedecer una ley injusta, y aceptar las consecuencias.

En la retórica del señor Presidente hay siempre la oposición entre la ley y la justicia, y es lógico. Es el rasgo más característico de los movimientos populistas, con una definición seria de populismo, porque lo que se plantean es la necesidad de cambiar un sistema institucional que es moralmente inaceptable o incongruente con la realidad social. Eso sí, optar por la justicia frente al derecho se lo pueden permitir los ciudadanos, no los gobernantes. En su caso, aunque la intención fuese justiciera, el gesto sería despótico —privaría a los ciudadanos de ese mínimo que ofrece el derecho, que es la protección contra la arbitrariedad. Gobernar tiene eso.

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