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Lunes , 25.03.2019 / 11:06 Hoy

Juego de espejos

Transparencia y privacidad

Federico Berrueto

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La transparencia ha sido una de las exigencias de la actualidad. La referencia no solo incluye los actos gubernamentales y a sus servidores, también convoca a las grandes empresas privadas y a organizaciones sociales. El tema ha adquirido tal fuerza y prestigio que para muchos es sinónimo de lucha contra la corrupción. El derecho a la información tiene límites, por una parte, áreas como la seguridad nacional que merecen reserva y, por la otra, los datos personales de particulares.

Para el sector gubernamental federal, en 2003 entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En 2007 se reformó la Constitución y en 2010 se aprobó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. La institución responsable para garantizar el derecho a la información y la protección de datos personales es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Desde la sociedad se ha impuesto la obligación moral a los candidatos de presentar la llamada 3de3, esto es, información de situación patrimonial, declaración de impuestos y precisar situaciones de potencial conflicto de interés. El avance ha sido significativo, pero no suficiente. El mayor impulso viene de la sociedad. Por otra parte, el tema de relevancia no solo es la situación patrimonial de quien accede al cargo público, sino más bien de quien lo deja. No hay un ejercicio institucional o social al respecto.

Un asunto de controversia de estos días se refiere a hacer pública la situación patrimonial de los altos servidores públicos del actual gobierno de acuerdo con las normas establecidas. El tema es complicado porque los informes no solo se refieren al patrimonio individual del servidor, sino al de su familia cercana, situación por demás injusta, sobre todo, si no son económicamente dependientes, como es la mayoría de los casos. Así, la esposa o los hijos con actividades económicas propias van a ser expuestos por el trabajo que realiza el cónyuge o padre.

La transparencia no necesariamente quiere decir publicidad. Hace seis años un diario nacional de mucha influencia hizo escarnio del abultado patrimonio de algunos de los miembros del gobierno federal, como si el tener riqueza fuera inmoral o ilegal. Hay muchos funcionarios como López Obrador que no han tenido incursión alguna en los negocios, pero hay otros que han tenido un exitoso tránsito en el sector empresarial y de allí su solvencia.

Los servidores públicos tienen derecho a la privacidad y por lo mismo a la reserva sobre su situación patrimonial. Transparentar no requiere de publicidad, aunque hay quien asume que si no hay externalidad hay opacidad. Nuevamente, lo que se requiere es que haya una práctica institucional recurrente para revisar la situación patrimonial de los servidores públicos en ejercicio o cuando concluyen mandato. Esto no ocurre porque los procesos en la materia están orientados más a conocer el patrimonio actual, que su origen y su modificación.

A partir de las condiciones particulares del presidente López Obrador es explicable el rigor que él emprende en la materia y su exigencia de que todos sus colaboradores sometan a publicidad su situación patrimonial. Su idea del servicio público como apostolado que conlleva obligado sacrificio implica votos de pobreza y desde luego probar públicamente humildad y sobriedad. Es obvio que su postura es muy popular, pero no es consecuente con el profesionalismo que requiere el servicio público. La mística en el servicio sí entraña sacrificio, pero requiere reconocimiento, tutelar derechos individuales del servidor y una remuneración digna para él y los suyos.

La Corte de la 4T. Un paso en el sentido correcto: Arturo Zaldívar, presidente la SCJN.


fberrueto@gmail.com 

@berrueto



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