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Domingo , 24.03.2019 / 07:45 Hoy

Juego de espejos

Igualdad ante la ley

Federico Berrueto

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Andrés Manuel López Obrador como candidato y ahora como Presidente de la República ha caminado por un sendero inaceptable respecto a su responsabilidad ante el cumplimiento de la ley. Es una actitud reiterada porque tiene una visión muy singular de su compromiso con la ley. En ello no está solo, se puede decir que una de las grandes debilidades que tiene el país de hoy día es la ambigüedad de unos u otros respecto a la norma.

No es aceptable que el gobernante haga uso discrecional de la ley. No se puede denunciar abusos, delitos o faltas graves sin que haya consecuencia. Es un principio elemental para la convivencia civilizada. Si alguien quebranta la ley debe ser llevado a juicio y allí, con las garantías propias de un debido proceso, si se prueba su responsabilidad deberá ser sancionado con la pena proporcional a la falta.

La gran transformación a la que alude el actual régimen poco tendrá de arraigo y vigencia si el país no transita a la legalidad. La impunidad de hoy día tiene mucho que ver con la discrecionalidad de unos y otros en la observancia de la ley. Si el gobierno tiene evidencia de que hay colusión de ex funcionarios de Pemex en el robo de combustible, es obligación del Ministerio Público proceder en consecuencia, sin importar hasta donde tenga que llegar la acción de la justicia. No es válido denunciar y al mismo tiempo condenar y cerrar el expediente.

Aplicar la ley no es venganza en el sentido convencional. Quizás al actual Presidente toda acción pasada contra la impunidad le parece una maquinación para lavar cara y exonerar a los auténticos responsables o acciones motivadas por un propósito publicitario o de revancha política. Sin embargo, ahora tiene a su alcance dar garantías para que las autoridades competentes hagan las indagatorias del caso y se lleve a la justicia a todo responsable, sin importar jerarquía, condición o compromiso. No es un llamado a una cacería de brujas, es la oportunidad de acreditar la igualdad ante la ley.

La juramentación del cargo público conlleva cumplir y hacer cumplir la ley. No hay letra chiquita que lo condicione a un plebiscito o acuerdo popular para que así se haga. La consulta a la que convoca el presidente López Obrador, que requiere de un cambio legal, es ociosa en el sentido de que no se precisa de tal mandato para proceder contra los responsables de la corrupción al más alto nivel, eso ya está ordenado con el cargo y no es una responsabilidad de cumplimiento discrecional.

Someter a referendo el cumplimiento de la ley envilece a la justicia y también a la democracia directa. La ley se cumple, sin condición ni permiso alguno; la democracia directa es para resolver decisiones que implican dilema o disyuntivas. No es el caso y si es decisión del gobierno volver a la consulta ciudadana medio regular para gobernar es preciso reiterar que no es práctico ni sencillo emprender un plebiscito en forma. Se requiere de una reforma constitucional, además para emprenderla es necesaria la participación de una autoridad imparcial en la organización, que se asume sea el INE (con recursos disminuidos) y un grado de participación ciudadana del orden de 40 por ciento de los ciudadanos en el padrón, nada que ver con la pasada consulta sobre el aeropuerto de la ciudad de México.

El Presidente dimensiona con acierto el agravio social por la corrupción. Sin embargo, el hecho va más allá de un régimen o de una cultura; se requiere un cambio en muchas dimensiones, no solo la prédica de que ya no existe porque así lo dice quien gobierna al país. El Presidente tiene autoridad moral, política y jurídica para emprender una transformación en esta materia, que se haga entender que resolver la venalidad necesariamente transita por atender la humillación que acompaña al estado de impunidad en el que se vive en el país.


fberrueto@gmail.com 

 @berrueto





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