Desde que inició la pandemia del covid-19 y más cuando se advirtieron sus perniciosos efectos en la salud y la economía, se disparó el empeño por la vacuna. Pronto se conoció que en el mejor de los casos estaría disponible a principios de 2021. Los esfuerzos de muchos laboratorios, gobiernos e institutos de investigación han rendido frutos, particularmente el que encabezan la Universidad de Oxford con la participación de AstraZeneca y el gobierno británico.
La vacuna de referencia está en su fase terminal de prueba. La razón por la que Brasil está excluida del acuerdo de producción de Argentina y México se debe a que ese país tiene el beneficio directo del proyecto, ya que allí se están haciendo 5 mil pruebas como parte de la fase 3. No es un castigo la exclusión carioca, sino lo contrario, un acceso preferente por haber participado en la prueba.
Es bueno que Argentina y México con el apoyo de AstraZeneca y de la Fundación Slim promuevan la producción temprana y anticipada de dicha vacuna y que se cumpla lo que ha sido el propósito inicial, no privilegiar el lucro en la primera etapa. Seis meses o un año de arribo anticipado de la vacuna hacen una gran diferencia. Sin embargo, el triunfalismo del gobierno es un engaño no solo en cuanto al mérito, sino al hecho de que habrá más de 100 mil fallecidos por covid al momento de arribo de la vacuna.
México ha tenido el peor desempeño en el manejo de la crisis sanitaria. Peor que Estados Unidos y Brasil, ya que lo que importan no son los contagios, sino las fatalidades. En las imprecisas cifras oficiales en México mueren tres veces más de los contagiados que en dichos países y cinco veces más que en Argentina. La tasa de letalidad es más alta en Francia, Inglaterra e Italia, pero allí desde hace meses las cosas están bajo control y son pocos los contagios y menos los que mueren.
En México el presidente López Obrador no ha reconocido la magnitud del fracaso, además de manifestar una incomprensible resistencia para recomendar y utilizar lo que es norma en todo el mundo: el empleo del cubrebocas, conducta que se apoya en la complacencia criminal del responsable de la estrategia sanitaria, el doctor López-Gatell.
El senador Germán Martínez ha señalado lo que debiera ser criterio de desempeño: las fatalidades de quienes ingresan a las instituciones públicas de salud, es tres veces mayor respecto a las de carácter privado. Los números de fallecidos en hospitales privados de primer nivel varía entre 2% y 3%, en los públicos sobre 40%. En la zona rural la situación es peor por la precaria infraestructura de salud. La muerte tiene permiso con los pobres.
La resistencia oficial al empleo masivo de pruebas de contagio, así como la resistencia a recomendar el cubrebocas merecerán una acción judicial penal contra el doctor López-Gatell. Sucederá ahora o como ha ocurrido con Peña Nieto, será agenda del próximo gobierno en un eventual afán de legitimarse y de acreditar que las cosas ya no sean como antes.
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