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Viernes , 15.02.2019 / 17:38 Hoy

Juego de espejos

Del "narco" al "huachicol"

Federico Berrueto

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Toda guerra tiene objetivos y costos. Por necesidad, la propaganda hace que la primer baja sea la verdad. Para todo se requiere, incluso para justificarla. Estados Unidos invadió Irak bajo la falsa versión de la existencia de armas de destrucción masiva. También el gobierno estadunidense manipuló la opinión pública con una falsa vinculación de la relación del gobierno de Irak con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El presidente Calderón tuvo el infortunio de que su embestida contra el crimen organizado se planteara como guerra. No había necesidad de propaganda ni de justificar el uso de las fuerzas armadas para recuperar la legalidad en territorios bajo el control del crimen organizado. No fue una guerra, pero sí un combate frontal que llevó al Ejército y la Marina a desempeñar un papel central en el enfrentamiento contra el crimen. Los resultados fueron desastrosos, pero nunca se sabrá qué hubiera ocurrido si no se hubiera actuado con tal determinación.

Lo cierto es que el crimen había crecido en condiciones sumamente preocupantes. Controlaba amplios territorios, además de tener una fuerte presencia en la vida económica, política y social de entidades como Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Sinaloa. El combate fue real y tuvo continuidad con el relevo presidencial. Hubo triunfos significativos como en Nuevo León, Chihuahua y Coahuila.

El balance no es favorable desde la perspectiva institucional, en especial porque la amenaza del crimen persiste, además de haber evolucionado a “líneas de negocio” que lastiman a la población, como es la extorsión y el secuestro, así como el trasiego de migrantes.

Lo más preocupante es la dependencia de los militares. Se ha gastado mucho dinero, pero no se ha podido consolidar la formación de una policía bajo mando civil a manera de prescindir del apoyo militar. Algunos estados han avanzado, pero el relevo político lleva a la discontinuidad de esfuerzos. Los gobernadores debieran aprender de Yucatán, la entidad más segura del país.

El presidente López Obrador tiene una singularísima perspectiva del crimen. Cree que es la necesidad lo que lleva a muchas personas a la delincuencia. Ve en los criminales como una forma de víctimas del sistema económico neoliberal. De allí su complacencia en la aplicación de la ley, error trágico porque esos jóvenes son el semillero de los mandos medios de los futuros cárteles y no hay beca, discurso o prédica que los lleve al camino del bien. También -y lo ha dicho en campaña y ahora como Presidente- que su objetivo no es aprehender a los jefes, sino atacar las condiciones sociales que provocan el crimen. Una virtual amnistía a espaldas del Congreso y de la ley.

El objetivo ahora no es combatir el narco, sino el robo de combustible. Al igual que el presidente Caderón, fueron las circunstancias las que obligaron al actual mandatario a enfrentar con todo al crimen asociado al huachicol. A semejanza de su antecesor recurre a las fuerzas armadas para enfrentar a los criminales bajo la tesis de que el crimen se origina en la misma empresa paraestatal. También en ambos mandatarios se aprecia que el problema se agravó por la complacencia de los antecesores. El presidente Calderón tuvo magros resultados, aunque sí llevó a la justicia a políticos, empresarios y a capos, pero el saldo rojo a la larga le llevó al rechazo popular.

El presidente López Obrador cuenta con un elevadísimo apoyo social y tiene a su favor la capacidad para desplegar una narrativa ampliamente aceptada, aunque con frecuencia al margen de la realidad y de la verdad.

Debe preocupar la respuesta del crimen. Los corruptos y los empresarios en connivencia seguramente están sometidos frente a la determinación del Presidente, pero no así los capos que hicieron de este delito casa y causa.

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