Debemos vernos… si no estamos
también provocando esa violencia...
[con el]... río que fluye al sur
de Estados Unidos lleno de armas.
Joel Rubin
En el marco de la estrategia para frenar el flujo ilícito de armas y la violencia y muerte que generan, que presentó en julio pasado el canciller, Marcelo Ebrard, al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se estableció la frontera como principal área de trabajo.
A través de ella cruza 70% de las armas aseguradas a organizaciones criminales en México, que en 2019 sumaron 9 mil 279 artefactos. Esta situación nos obliga a llevar a cabo acciones coordinadas para detener su ingreso al país. ¿Cómo enfrentar este flagelo desde una posición institucional? ¿Cuáles son los orígenes y rutas de armas y municiones ilícitas que entran a México? ¿Qué tipo de estadísticas sobre homicidios y flujo de armas sostienen nuestro llamado para poner el tema en la agenda nacional e internacional? Y finalmente, ¿qué iniciativas con otros países y Estados Unidos podrían reducir este flagelo? En una reflexión en cuatro partes, intentaremos responder estas interrogantes.
Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), bajo una coordinación sin precedentes, nos hemos propuesto congelar el flujo ilícito de armas a nuestro país y reducir las muertes por violencia armada, con el apoyo de nuestros consulados fronterizos y de las autoridades competentes en México y Estados Unidos. Por parte de EU participan la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interior (HSI) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Las autoridades mexicanas incluyen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Administración General de Aduanas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.
Con todas ellas, a finales de 2019 se logró articular en ocho grupos de trabajo a los 40 mecanismos existentes entre ambos países. Hemos elaborado dos mapas con los registros de aseguramiento de armas ilícitas: el de su paso e impacto en México y el de su origen desde Estados Unidos.
Estos mapas proporcionan un esbozo de su impacto mortífero en nuestro país. El daño es enorme. Conforme al Inegi, en 2018 la mortalidad por violencia armada alcanzó 70% del total, equivalente a 40 mil 200 decesos de 60 mil homicidios, cifra que 10 años atrás era de 15%. Para noviembre de 2019 se registraban casi 32 mil homicidios dolosos, frente a 3 mil 208 decesos por armas de fuego en 2005.
Un vistazo al país muestra que el mayor número de homicidios por armas de fuego hasta noviembre de 2019 ocurrió principalmente en Guanajuato (2 mil 685), seguido por Baja California (mil 955), Estado de México (mil 770), Chihuahua (mil 692), Michoacán (mil 429), Jalisco (mil 368), Guerrero (mil 298) y Ciudad de México (mil 62).
Esta gran cifra de decesos obedece a un creciente número de armas de fuego en manos de la delincuencia y, cada vez más, del ciudadano común, a pesar de que en México está prohibida la portación de armas por civiles no autorizados. Un lamentable ejemplo es el tiroteo y suicidio en una escuela de Torreón, Coahuila, en enero pasado, cometido por un niño de 11 años, quien portaba dos pistolas, una de ellas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, marca Glock calibre 0.40. Ello, en la misma línea de los recurrentes sucesos en sitios públicos de EU.
En el conjunto de estados, el número de armas recuperadas es alarmante. En la última década, nuestras autoridades han recobrado 332 mil 689 armas de fuego, tanto por acciones de combate a la delincuencia como por campañas de entrega a cambio de despensas. Tan solo en diciembre, la Sedena destruyó casi 20 mil armas en 28 estados. Un gran reto será coartar la capacidad de las organizaciones delictivas de reabastecerse en un promedio de 15 días, así como restablecer los controles para el aseguramiento de las armas ilícitas al interior del país y no solo en la frontera, que fueron eliminados en 2013, con el inicio de la administración anterior.
Este mapeo preliminar no refleja la magnitud de las armas en manos de delincuentes que aún no han sido aseguradas y que se calculan en el doble. En 2018, el Center for the American Progress identificó entre 213 mil y 230 mil armas que ingresan ilegalmente a México cada año, algunas de las cuales continúan su paso hacia el sur del país.
Visto en perspectiva, se estima que en la última década llegaron ilícitamente a México 2.5 millones de armas. Desde entonces se han incrementado 122 por ciento los aseguramientos de armas de asalto —en su mayoría semiautomáticas, con impacto en decesos masivos— y 9 por ciento los de armas pequeñas y ligeras, de un total de 17 millones de armas en manos de civiles, cuya venta ilegal creció en 35 por ciento en 2019.
En cuanto al tipo de armas aseguradas, casi 132 mil 500 son largas —48 por ciento corresponde a fusiles, carabinas, rifles y escopetas— y 90 mil 500 son cortas —28 por ciento de pistolas y revólveres. Este flujo abarca también sus partes y municiones y, cada vez más, armas de grueso calibre o de uso restringido a las fuerzas armadas.
En diciembre pasado, el titular de la Sedena reveló que en la actual administración han sido asegurados: 109 fusiles Barrett calibre .50 producidos en Tennessee, EU, que destacan por su sofisticación y poder de largo alcance antiaéreo; 118 fusiles AR-15 calibre .50 fabricados en Arkansas, EU; dos ametralladoras Browning M2 calibre .50 producidas en Virginia, EU; siete lanzacohetes para estrategias antiaéreas criminales, así como 4 mil 852 armas largas, principalmente fusiles AK-47 fabricados en Rumania; 457 granadas, 4 mil 27 armas cortas, 27 mil 337 cargadores de alta capacidad y 1 millón 102 mil 180 municiones.
Además, el conjunto de delitos con armas de fuego y su prevención implica un alto costo financiero para nuestro país, pasando del 1.3% del producto interno bruto (PIB) en 2012 al 1.7% en 2018, equivalente a más de 300 mil millones de pesos, según el Inegi.
En este contexto, la propuesta de un acuerdo interinstitucional entre México y EU en la materia, en noviembre de 2019, y de operativos conjuntos en cinco principales cruces fronterizos desde diciembre, permitirá acciones concertadas más eficaces en San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros.
Aunado a ello, la SRE ha desplegado una estrategia apoyada por nuestros consulados en dichos cruces en territorio estadunidense, sumándose otros siete consulados mexicanos en Texas (Brownsville, Del Río, Eagle Pass, El Paso, Laredo, McAllen y Presidio), dos en California (Calexico y San Diego) y cuatro en Arizona (Douglas, Nogales, Tucson y Yuma). Con estos 13 consulados fronterizos como parte de nuestra red de 51 consulados en EU, hemos reforzado una estrategia diplomática para sumar, a través del soft power, a principales actores afines y recabar información de primera mano.
Así, nuestra red consular fronteriza reportó, en el cuarto trimestre de 2019, aseguramientos de municiones, armas largas y cortas en Brownsville, Del Río, Eagle Pass, Laredo, McAllen, Presidio, San Diego, Douglas, Nogales, Tucson y Yuma.
Esta estrategia se encuentra alineada a los 10 puntos para combatir la violencia e inseguridad que vive el país, instruidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores en diciembre pasado, para no permitir la corrupción en las instituciones de seguridad pública y establecer límites con la delincuencia.
* Jefe de oficina del canciller
