• Regístrate
Estás leyendo: Pueblos originarios y la refundación
Comparte esta noticia
Miércoles , 24.04.2019 / 17:37 Hoy

Columna de Esteban Garaiz

Pueblos originarios y la refundación

Esteban Garaiz

Publicidad
Publicidad

La deuda histórica sigue pendiente. Millones de mexicanos a los que no ha llegado todavía el alcance de los derechos humanos establecidos formalmente en el Pacto Nacional centenario, son precisamente, de manera casi exclusiva, conciudadanos mexicanos procedentes de los pueblos originarios.

Hermoso es, sin duda, que el artículo Segundo constitucional diga a la letra que “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, o parte de ellas”.

(Porque también en algunos casos, como las comunidades nahuas del Sur de Jalisco, o los cocas de la heroica comunidad de Mezcala, la pérdida generalizada del idioma propio es parte del despojo histórico sufrido).

Apenas de justicia retrasada es que el citado artículo diga que: “la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”.

Ahora bien, la autoridad, tanto federal como estatal, y aun municipal, se enfrenta hoy ante un dilema operativo: ¿indígenas urbanos o comunidades originarias? Dos situaciones claramente divergentes. Ambas requieren empeño de justicia con políticas públicas para cada una.

Por un lado, quienes deciden en su libre albedrío, migrar hacia los núcleos urbanos a ofrecer en el libre mercado (ése sí) sus artesanías o cualquier otro servicio útil, o integrarse temporal o permanentemente (no asimilarse), como ciudadanos que son mexicanos de pleno derecho, deberían recibir de la autoridad, específicamente de la local, todo el apoyo adicional a que son acreedores los desaventajados.

Este apoyo debe ir principalmente orientado a sus derechos vitales: vivienda digna, agua potable, atención a la salud, escolaridad, empleo sin abusos.

Especial atención merecerá el registro civil de los nuevos nacidos, incluso de los ancianos. Es verdaderamente una aberración jurídica que el derecho fundamental de todo ser humano: que es el de existir jurídicamente, esté obstruido por un absurdo reglamento (jurídicamente de tercera categoría) que condiciona a un niño su registro de nacimiento, a que la madre, inmigrante de alguna zona rural, presente una certificación de domicilio.

Aberración jurídica, además de imperdonable injusticia. En consecuencia inmediata, la niña o el niño verá impedida su inscripción escolar. Por cierto: espacio en que los niños deben ser instruidos en la “urbanidad”: coexistencia vecinal, tránsito urbano, cruce de calles, recolección de basura, uso de sanitarios, convivencia escolar, nutrición urbana y otros más.

Los productores artesanales y de bienes rurales también podrán ser orientados para evitar abusos. Benéfico será también para su integración que cuenten con la oportunidad de cursos vespertinos del idioma nacional.

La otra gran línea de acción con los pueblos originarios tiene que ver precisamente con el respeto, y aun tutela, a su derecho indiscutible a permanecer en su vida comunitaria ancestral, autónoma dentro de nuestra pluralidad nacional. Lo cual de ninguna manera puede ser tomado de pretexto para desentenderse de los derechos humanos vitales.

En el caso específico de Jalisco, parte inevitable de la refundación institucional del estado será la consulta a las comunidades ancestrales, para que con plena libertad puedan decidir, de resultarles conveniente a su propio bienestar comunitario, establecer quizá tres, cuatro, seis ayuntamientos en la región birrárica, algunos más en la zona nahua del sur de Jalisco, o en la zona coca de la Laguna de Chapala.

Dichos ayuntamientos deberían contar, naturalmente, con la infraestructura material necesaria para su adecuado desempeño: casa ayuntamiento, edificios escolares, camino transitable a la capital estatal, escuelas y en su caso internados, centro de salud con ambulancia.

El gobierno municipal comunitario deberá, en cada caso, establecerse con su clara demarcación y sin interferencia de los partidos políticos de registro nacional.

Siempre guardando toda proporción, podría resultar útil tomar como referencia los antecedentes del estado de Oaxaca, en particular, para efectos de que la necesaria autonomía quede jurídicamente enmarcada en nuestro Pacto Nacional centenario.

Dice también el citado artículo Segundo: “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional”.

También añade: “El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes estatales de las entidades federativas”.

www.estebangaraiz.org

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.