El transporte público es una de las agendas más importantes de la población que demanda: servicio de calidad, unidades en buen estado, reducir los accidentes y los fallecimientos, atacar la contaminación, que sea inclusivo para todas las personas, pero, sobre todo, no tolerar alzas a la tarifa hasta que usar el transporte público valga lo que cuesta.
Porque a pesar de los esfuerzos que se han realizado, siempre con resistencia de los transportistas, hoy contamos con un sistema de prepago, unidades ecológicas, con accesibilidad universal y conectividad entre distintos sistemas de movilidad, pero todo se ha logrado gracias a que se destinan recursos de todos los contribuyentes.
Seamos claros. Desde el inicio de esta administración estatal, se han regalado recursos públicos a los transportistas para cumplir con sus obligaciones. Unos ejemplos son: en 2019 se dieron 310 millones de pesos para comprar las alcancías del sistema de prepago, que los transportistas debieron haber pagado. En 2020, en plena pandemia cuando se redujeron los viajes, el gobierno del estado les regaló a los camioneros 594 millones de pesos para comprar nuevas unidades. El año pasado fueron otros 100 millones de pesos y durante este 2022 han sido casi 180 millones de pesos. ¿Es justo esto?
Con este precedente, el gobernador lanzó su propuesta para mantener la tarifa del transporte público en 9.50 pesos, argumentando que se creará un nuevo fondo “de apoyo a los usuarios del transporte público”, cuando el alza de la tarifa no era tema de discusión. No parece existir un documento técnico que avale la medida. Se trata de regalarle a los transportistas 500 millones de pesos al año para ayudarles a costear los efectos de la inflación, en lugar de apoyar a los usuarios del transporte público.
Por su parte, los diputados de MC, anunciaron que este premio a los transportistas se legalizará al hacer las reformas a la ley que se requieran con el fin de que sea una medida permanente.
Ante esto surgen varias dudas, que sería bueno aclararan las autoridades:
¿Qué instancias operarán este nuevo fondo?, ¿a quiénes se entregará el apoyo y en qué circunstancias se podrá acceder?, ¿cuál es el estudio técnico que sustenta la decisión del gobernador?
La Zona Metropolitana de Guadalajara no tendrá aumento en dos años, pero ¿qué hay del resto del estado?, ¿habrá o no aumento?, ¿y concluido ese tiempo cuánto subirá?
¿Cuántas concesiones se han retirado para transportistas que no cumplen la ley?, ¿cuántos de éstos reciben hoy subsidios?
El fondo de “apoyo a usuarios” se creará de las fotomultas que también se usan para el fondo a víctimas del transporte público, ¿este ajuste afectará la indemnización de las víctimas?
Mientras nos avisan del apoyo a “usuarios”, que en realidad es a transportistas. Vemos que las autoridades se han olvidado de los temas de fondo como el reordenamiento de rutas, terminar Mi Macro Periférico y garantizar su conectividad, las condiciones de las y los operadores, la falta de unidades incluyentes, ordenar a mototaxis y camionetas que cubren la última milla de traslado.
Otra vez nos quieren vender como logro algo que ni siquiera estaba planteado. La nula información que existe para poder sustentar una decisión que solo es clara en un sentido: regalar dinero a los camioneros, sin condición alguna.
¿Hasta cuándo el gobierno del estado seguirá subsidiando a transportistas a cambio de no perder el margen de ganancias, mientras siguen sin cumplir cabalmente la ley?, ¿hasta cuándo tendremos un transporte que sea un servicio público de calidad y no un negocio de privados?
Ernesto Gutiérrez
