El panorama de la ciudad ha cambiado en unos pocos años con la llegada de la vivienda vertical y el cambio en la plusvalía en algunas colonias abonando a un problema que se hace cada vez más frecuente en generaciones jóvenes y de mediana edad: el del acceso a la vivienda asequible y en condiciones generalmente buenas. Es común escuchar que el mejor activo que uno pueda tener es el de la casa propia y no solo por intereses económicos sino por la tranquilidad que esto genera. La propiedad de una casa ayuda a la certidumbre de establecerse en un punto y enraizar un futuro, anclarse y formar un patrimonio hoy no debería ser un privilegio de unos cuantos sino, como lo es, un derecho que debe ser procurado y garantizado por las autoridades, y ejercido y gozado por la población.
Guadalajara se suma a una serie de ciudades donde la dinámica ha cambiado y esto terminó por afectar a la población que más produce y que muchas veces ve frustrados sus deseos de una vivienda propia. No es falta de vivienda en sí, la oferta es muy amplia, pues, en 2022, se edificaron más de 11 mil viviendas, lo que falta son las condiciones para acceder a ella. Los datos que se presentan, de fuentes oficiales son más que claros, el promedio de las rentas en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, el Salto y Tlajomulco van desde los 11 mil 321 pesos a los 28 mil 772, montos que hacen inalcanzable instalarse en un espacio que ni siquiera es propio y del que cada vez existen requisitos más complicados de cumplir. Pagar la renta absorbería en algunos casos el total del ingreso de los trabajadores, y falta cubrir las necesidades básicas como alimentación, vestido, servicios, etc.
En cuanto a la compra, es más difícil aún, en un podcast emitido hace unas semanas los comentaristas afirmaban que en promedio un trabajador que es sujeto de crédito de Infonavit tarda en promedio hasta 28 años en pagar una vivienda, en el supuesto que durante todo este tiempo se coloque en empleos de la formalidad, con todos los derechos que las personas trabajadoras debemos contar. Reformas a las leyes ahora permiten “juntar” los créditos de trabajadores para poder comprar una vivienda, cosa que ha sido considerada un logro para matrimonios jóvenes pero que bien podría ser un signo de que ahora es más difícil tener una casa, pues se requiere del esfuerzo de dos personas para una vivienda incluso modesta.
Fenómenos como la llamada “gentrificación” y el uso de vivienda de los “nómadas digitales” a manos de plataformas complica el asunto. Podría decirse que se trata de una plusvalía perversa donde los “renteros” aprovechan la especulación, la alta demanda y las pocas opciones de compra e incluso ponen sus precios en dólares. La vivienda digna ya no es un derecho sino un privilegio, y ahora una causa de una lucha por justicia social. A través de redes han surgido movimientos como el de la Red Nacional por la Vivienda (ReNVi), impulsada por la página “Gatitos contra la desigualdad”, que tan solo en dos días había logrado enrolar a 750 personas de 156 ciudades del país que simplemente exigen condiciones para acceder a una vivienda.
Creo que en Jalisco no se ha abordado adecuadamente este problema. Pareciera que se trata de una crisis inmobiliaria que se padece en otros lados y cuya omisión en el AMG agrava la situación y que tarde o temprano impactará en una economía que se reactiva a marchas forzadas. La vivienda y su acceso no es un problema por sí mismo sino que implica tocar otros: la gentrificación expulsa a habitantes de colonias cuyas rentas se hacen insostenibles y los obliga a buscar, a veces, en las periferias un lugar donde vivir; esto también los afecta en traslados, gastos, tiempo y calidad de vida.
Es una situación sin control que se aceleró en la actual administración estatal desde que se desempeñaron en los gobiernos locales, basta ver el entorno de la ciudad, la aparición de torres en diversos puntos y el cambio en la llamada “vocacionamiento” de algunas colonias. Es una situación sin control que urge a una regulación de cómo concebimos la vivienda y permitimos que ésta se desarrolle, en quiénes tienen acceso a condiciones para arrendarla o tener la propiedad de un lugar donde vivir, una ciudad que podamos habitar esto es, el derecho a la pertenencia, a la cultura, a la identidad, a la estabilidad, a prosperar, el derecho a ser parte inamovible de una ciudad que debe alojarnos a todas y todos, en las mismas condiciones mínimas para desarrollarnos y por qué no, para ser felices.
Ernesto Gutiérrez
