Un programa ilegal que permite graves abusos contra los derechos humanos de los migrantes. Así describe un funcionario del Departamento de Seguridad Interna los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por su sigla en inglés). Es la crueldad sistémica de una política diseñada para mantener contento a Donald Trump y para castigar a migrantes que se atreven a solicitar asilo legalmente en su país. Este es el acuerdo al que accedió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que todavía hoy defiende su canciller Marcelo Ebrard.
Michael Knowles, presidente de la unión que representa a empleados de los servicios de inmigración y ciudadanía en Estados Unidos, agrega que esta política es inmoral y sirve como base para la violación de los derechos humanos de mujeres y niños a nombre del gobierno estadunidense. Las declaraciones forman parte de su testimonio ante el Congreso, que también escuchó de médicos, abogados y activistas que trabajan con migrantes inscritos en MPP. Durante las audiencias criticaron las condiciones en las que permanecen mujeres embarazadas, niños y miembros de la comunidad LGBTQ en ciudades como Matamoros. Poblaciones que la cancillería había prometido no serían retornadas a nuestro país.
Erin Thorn Vela, abogada con el proyecto para los derechos civiles en Texas, dijo que los migrantes no tienen acceso a comida, medicinas o agua potable. Aseguró que en las casi mil entrevistas que ha realizado esta organización, más de la mitad de los migrantes asegura haber sido víctima de secuestro, asalto, extorsión y violación.
La abogada citó el caso de una familia secuestrada a menos de una hora de haber sido retornada a México y el de dos menores violadas por un hombre al que las autoridades locales simplemente no quisieron detener.
Al menos mil 450 migrantes están abandonados en Matamoros, expuestas a la criminalidad y a los elementos. Miles más comparten este purgatorio en otros puntos fronterizos y en ciudades como Monterrey. El gobierno mexicano ha fracasado en brindar un mínimo de asistencia humanitaria y es cómplice de lo que funcionarios estadunidenses no logran justificar ni legal ni moralmente ante sus legisladores. ¿Cuándo vamos a ver audiencias sobre este tema en el Congreso mexicano? ¿Estarán enterados de lo que está pasando?
@Enrique_Acevedo
