No es nueva la descalificación de organismos internacionales y de expertos independientes que evalúan e informan sobre atrocidades que se cometen en México.
Presidentes rechazaron observaciones, mientras los grupos criminales crecieron al amparo del poder.
En octubre de 2015, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, ya advertía las virulentas reacciones de funcionarios mexicanos ante hallazgos y recomendaciones.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) no fue la excepción.
Por ejemplo, en 2022 señaló que servidores públicos y crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas. López Obrador aseguró que inventaban y que ningún órgano iba a ponerlo en el banquillo de los acusados.
Ayer, la doctora Claudia volvió a reducir la desaparición forzada a una definición acotada, para intentar diluir la responsabilidad actual del Estado. Además, indicó que el comité no es de Naciones Unidas y que extrapoló resultados que corresponden al periodo 2009-2017.
Y es que, ahora se activó el mecanismo excepcional de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El CED-ONU solicitó la intervención de la Asamblea General.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, entre otros, saludó y reconoció la importancia de que la Asamblea conozca, con carácter de urgente, lo que ocurre en el país.
Esto es, sobre todo, una oportunidad.
“Si el gobierno insiste que no tiene que ver, que es la delincuencia organizada y el Comité de la ONU dice que tiene indicios de crímenes de lesa humanidad, ¿por qué se pelea con él en lugar de cooperar?” Escribió en sus redes Michael W. Chamberlin.
Esa es la pregunta.
Aquí entre nos
Vale la pena leer la respuesta del presidente del CED, Juan Pablo Albán, a las inexactitudes que difundió la Presidenta. “Considero importante aportar algunas precisiones, con espíritu constructivo y muchísimo respeto a la posición soberana de México”, escribió. Y desarrolló 5 puntos:
1.- Los órganos de tratado sí formamos parte del Sistema de Naciones Unidas.
2- Los integrantes de los órganos de tratado somos elegidos por los propios Estados partes.
3.- El artículo 34 de la Convención es claro en cuanto al procedimiento.
4.- El análisis del CED no se limita a un periodo cerrado.
5.- El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable.
