Unas piernas al sol dejaron ver las sombras de Palacio.
En 2018, Andrés Manuel López Obrador prometió desmontar el viejo régimen de privilegios. Eso incluía acabar con el exclusivo y lujoso hábitat de sus predecesores. “Los Pinos” dejaría de ser de unos cuantos para abrirse al pueblo.
El líder triunfante se mudó entonces al señorial inmueble frente al Zócalo capitalino.
Desde ahí atizó feroces condenas contra sus críticos. Echó mano del lenguaje sin reparar en recursos: llamó mentira a la verdad y verdad a la mentira.
No fue exceso retórico; fue método.
La “infodemia” irrumpió como política pública. Con dinero de la sociedad, no únicamente desinformó: también estigmatizó y hostigó a periodistas, defensores de derechos humanos y a cualquiera que osara disentir o revelara corruptelas.
La estructura sobrevivió.
Ayer, la doctora Sheinbaum reconoció que la famosa imagen de una mujer asoleándose en el recinto presidencial no fue producto de inteligencia artificial, como difundieron sus hoy subalternos. “Hay que tener mucho respeto de lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico. No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana, pero hay que tener respeto”. Admitió, además, que primero se negó el hecho, pero “resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día.”
Más allá del asoleadero, ¿qué medidas implementará contra el ataque y los abusos del poder?
Porque las contradicciones no se limitan a un bronceado. Por ejemplo, medios documentaron que el cuñado del anterior inquilino habría conformado —junto con socios que estarían acusados en Estados Unidos por lavado— empresas como “Envíos del Bienestar, S.A. de C.V.” y “Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.” La UIF respondió que, hasta ahora, no ha detectado operaciones financieras inusuales.
Así, lo preocupante no es lo que salió a la luz —solar—, sino lo que permanece dentro, en la oscuridad.
Aquí entre nos
Hablando de dichos mañaneros, la titular del SESNSP afirmó que las desapariciones están vinculadas principalmente a delitos cometidos por particulares y el crimen organizado, no por el Estado. Como si autoridades civiles y militares no formaran parte —o tuvieran vínculos— con los cárteles. Como si esa frontera no se hubiera desdibujado hace tiempo.
