No podemos desconocer el derecho a la estabilidad en el empleo que reclama el personal sindicalizado del Poder Judicial de la Federación (PJF): secretarios de estudio y cuenta –aunque no todos– oficiales judiciales, actuarios, entre otros.
Sin embargo, ese derecho lleva aparejada la responsabilidad ética profesional y jurídica de mantener permanentemente actualizados los conocimientos que sustentan el ejercicio de sus funciones que, al parecer, de manera absurda, algunos funcionarios judiciales lo echan por la borda.
No reconocer esta responsabilidad de ética profesional sería una necedad, ya que la obligación de mantenerse permanentemente actualizado se desprende de los artículos 5 y 10 de la Ley de la Carrera Judicial. De manera particular, su Artículo 30 establece expresamente el derecho de quienes integran la carrera judicial a perfeccionarse y actualizarse permanentemente.
La orden legal de actualización permanente de los funcionarios judiciales no es arbitraria, como lo creen algunos que se niegan a cumplirla, y el pasado 6 y 7 de noviembre provocaron el caos vial en varias ciudades del país. Dicha ley la establece como un componente esencial de su desarrollo profesional.
Veamos ahora el absurdo de quienes tanto hablan de carrera judicial. Las bases constitucionales para su creación aparecen con la reforma constitucional de 1994, Artículo 100. Pero tuvieron que pasar 26 años para que el 7 de junio de 2021 apareciera la primera Ley de la Carrera Judicial; posteriormente, el 2 de enero de 2025, aparece una nueva Ley de la Carrera Judicial.
Para cerrar esta colaboración va un absurdo más, que por ahora sólo sostengo como hipótesis: el núcleo central de la crisis endémica de la justicia y del nuevo conflicto del PJF es una constelación de absurdos, entre los cuales destacan las arcaicas escuelas de derecho en las que sus mejores profesores son funcionarios públicos.
Huyen del pensamiento crítico, per saecula saeculorum siguen administrando y enseñando dogmas; no se han puesto a pensar en el daño que hacen al país con el hecho de que la carrera judicial sólo exista en la ley, que muy poco se cumple, no en la realidad.
