Ayer por la tarde comenzó el tema como un rumor sobre un hecho cotidiano en la zona del Valle de Tulancingo. En particular en las comunidades del municipio de Cuautepec de Hinojosa, donde desde hace varios años el robo de combustible en ductos de Pemex es una situación normalizada.
Es decir, poblaciones enteras han estado inmiscuidas en el tema de la compra y venta de huachicol desde por lo menos hace 10 o 15 años y no es que uno lo esté descubriendo. Hay decenas de carpetas de investigación archivadas en la Procuraduría del estado y en la FGR.
Precisamente, el cumplimiento de una orden de cateo en la zona por elementos de la SEIDO y en coordinación con agentes estatales, resultó en la quema de una patrulla ministerial y en la toma de la presidencia municipal por habitantes molestos ante la irrupción de las autoridades.
Poblaciones enteras han estado inmiscuidas en el tema de la compra y venta de huachicol
El edil, Manuel Fermín Rivera, quien llegó al cargo en diciembre pasado y ya fue diputado local del distrito, no estaba enterado del asunto y por ende no pudo hacer nada. Es decir, lo sorprendieron. El asunto es relevante no solo por los hechos de violencia sino porque Hidalgo no ha dejado de combatir el robo de combustible desde 2016, incrementando sus operativos de 2018 a la fecha, momento en el que se inició la lucha contra el huachicol desde el gobierno federal. Sin embargo, hay muchas cosas que no están claras. ¿Por qué la gente se enoja con la policía, si se supone que van a intentar detener a quienes se dedican al robo de combustible?
¿Por qué le reclaman al presidente municipal si es una cuestión de la justicia federal donde ni él ni sus allegados tienen acceso o conocimiento siquiera de los movimientos de la policía? Los habitantes de Cuautepec de Hinojosa tienen todo el derecho de reclamar para pedir paz y tranquilidad, pero no para impedir que se realice el trabajo de las autoridades que están intentando que la violencia no se propague más de lo que ya está. _
Eduardo González
