Las investigaciones por corrupción en Hidalgo salpican directamente a una misma oficina que en repetidas ocasiones ha sido objeto de saqueos y desfalcos descomunales, y cuyos titulares en dos sexenios consecutivos han sido investigados, detenidos e incluso puestos tras las rejas por el mismo delito.
Se trata de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, una oficina que en apariencia debería de ser la facilitadora de los recursos materiales y económicos para el desarrollo del sistema educativo y de las y los trabajadores.
Toda una contrariedad resulta que quienes deben estar al mando de las bases estructurales para la buena administración de los recursos del sector educativo, son quienes más cometen presuntos delitos en agravio del erario.
Viene a colación el tema luego de darse a conocer el arresto de quien durante el sexenio de Omar Fayad Meneses, ocupó dicha subsecretaría y hoy está en prisión preventiva para esclarecer una acusación que la Procuraduría de Hidalgo intenta sostener por el delito de peculado por cerca de 140 millones de pesos.
Un sexenio más atrás, con Francisco Olvera Ruiz de gobernador, ocurrió exactamente lo mismo.
El mismo puesto, la misma dinámica y el mismo resultado. Una persona procesada y el dinero en manos ajenas.
Algo pasa en dicha Subsecretaría, que el Congreso y el Poder Ejecutivo deberían poner manos a la obra y más allá de castigar a los culpables, hacer algo respecto al manejo en dicha instancia.
La reingeniería que comenzó el gobernador Julio Menchaca en diversas dependencias debe, pues, alcanzar a la SEPH y para ello está el actual titular Natividad Castrejón Valdez, de quien se espera pueda hacer algo al respecto.
El sexenio va empezando y están a tiempo de quitarle rango de operación financiera a dicha subsecretaría, o bien de poner más candados al uso de recursos, hacer más transparente su operación y demostrar que no ocurrirá lo mismo, otra vez, en los próximos seis años.
