Ayer, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo informó que de las 8 personas que fallecieron la madrugada del miércoles 27 de abril en la planta de Cruz Azul en Tula, solo un cuerpo ha sido entregado.
De acuerdo con la fiscalía hidalguense, se trata de los restos del trabajador Misael Cruz, quien fue entregado a sus familiares en la comunidad de Jasso y cuyos familiares y amigos recibieron con reclamos de justicia.
El resto de cadáveres permanecían hasta la noche del jueves en las instalaciones del Servicio Médico Forense en la capital del estado, aunque hubo personas buscando a los suyos desde temprano en Tula y en diversas sedes de los MP de Hidalgo.
Sin embargo, al interior de la Procuraduría relataron que no se tiene información completa de la procedencia de los fallecidos, pese a que en las declaraciones de personas detenidas se dio a conocer que provenían en su mayoría del Estado de México.
La indagatoria parece ser compleja, el tema muy amplio, y las autoridades del más alto nivel que deberían estar involucradas, no lo están.
Ahora que se tiene un tema relacionado con homicidios, la situación no se vislumbra fácil, pues antes del miércoles se veía desde el lado sindical, cooperativista, de la Secretaría del Trabajo federal que sigue brillando por su ausencia en todo esto. Pero ahora Cruz Azul ha quedado marcado por la muerte de personas, que en ningún momento tuvo que ocurrir; ni por un desalojo, ni por dinero de una cementera, nada se compara a la vida.
Diversas versiones siguen corriendo entre los trabajadores, sus familias, y las personas que acudieron, con presuntos engaños a tomar la planta de madrugada y terminaron lesionadas y muertas. Las familias son las más afectadas, pues dependen al 100 de la operación y empleos de Cruz Azul, y no solo ellos, al menos 14 comunidades están inmersas en dicha dinámica cementera y empresarial.
Eduardo González
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