No hace falta ser un gran experto en ingeniería o hidrografía para darse cuenta que no es culpa de los toltecas –como dijo ayer el gobernador a manera de explicación- el tema de las inundaciones en Tula de Allende, el Valle del Mezquital y toda la región sur de Hidalgo.
Es simple lógica la que señala que el primer territorio o demarcación en donde desfogan las presas y cae el agua proveniente del centro del país, es la que tiene más probabilidades de sufrir inundaciones.
El agua negra o aguas tratadas, el agua de riego siempre ha estado presente en la vida de los hidalguenses de la región de Tula y el Mezquital. Quienes conocen a fondo el sitio, incluso hasta le han sabido sacar provecho.
Sin embargo, existe un ordenamiento, una normatividad que se está incumpliendo como muchas cosas en el país. Se trata del Programa Nacional Hídrico 2020-2024, que ordenó publicar el presidente López Obrador y en donde se establecen las estrategias para que no ocurra lo que sucedió en Hidalgo y Estado de México. Entre los principales objetivos de este proyecto que encabezará la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se encuentran garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente para la población más vulnerable y aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sustentables de los sectores productivos. De igual manera se busca reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías, preservar la integridad del ciclo del agua para garantizar los servicios hídricos que dependen de cuencas y acuíferos, así como mejorar la gobernanza del agua. Se lee muy bonito, pero la realidad es la que ya vimos en todas las noticias. Fallecidos por quedarse sin insumos en el hospital por las inundaciones, patrimonio de una vida tirado a la basura, miles de damnificados, probabilidad de infecciones o covid, la lista es larga.
Eduardo González
Twitter: @laloflu
