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Jueves , 21.03.2019 / 16:20 Hoy

Dos propuestas interesantes

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Esta semana que concluye se tocaron temas importantes en diversos foros de los parlamentos en el país; sin embargo, fue desde el Senado que se puso el dedo en la llaga de cuestiones como la inseguridad y la responsabilidad de los gobiernos locales por garantizar una mejor calidad de vida para sus habitantes.

De acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el robo o asalto en transporte público ocupa el primer lugar con 26 por ciento de delitos que se cometen en el país.

No es casualidad que los principales casos que terminan por salir a la luz en los medios de comunicación, tienen en su mayoría como protagonistas a un conductor de taxi, a un chofer del transporte, o a pasajeros de autobuses foráneos.

Al respecto, el Senado de la República exhortó a los Congresos Locales regular el servicio de transporte de pasajeros (taxis) y de las llamadas Empresas de Redes de Transporte. Lo anterior con el propósito de salvaguardar la seguridad de los pasajeros, favorecer las condiciones de competencia equitativa e impulsar la calidad y cobertura del servicio en beneficio de la población.

En estados como Hidalgo, se tiene mediamente el control de los concesionarios y los prestadores del servicio en rutas, debido al férreo escaneo que desde la Secretaría de Movilidad se ha hecho desde septiembre de 2016 a la fecha.

A la par, el contar con un sistema de transporte como el Tuzobús, permite un monitoreo total de las acciones que los conductores y pasajeros realizan durante el día.

Sin embargo, desde el Senado se llamó a que se obligue a empresas y concesionarios a generar condiciones equitativas de competencia entre los prestadores del servicio de transporte en sus diversas modalidades, a impulsar la movilidad de manera efectiva, a elevar su cobertura y a mejorar en la eficiencia del servicio.

La segunda propuesta obedece a que tanto senadores como diputados federales solicitaron a los gobiernos estatales certificar a los integrantes de las instituciones de seguridad pública bajo su mando, de acuerdo con los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial.

Los parlamentarios indicaron que al día de hoy nadie cumple con el ordenamiento constitucional y siguen utilizando policías uniformados no certificados.

De acuerdo a cifras nacionales, en 2017 cerca de 9 mil policías estatales reprobaron las evaluaciones de control de confianza en todo el país; de ellos, 4 de cada 10 de Sinaloa y tres de cada 10 de Baja California Sur y Nayarit mostraron los resultados más negativos.

Otros estados como Hidalgo, en el Valle de México, tienen poco déficit en el rubro debido a que también cuentan con poco personal por lo que se requiere tener plantillas completas y bien certificadas.

eduardogonzalez.lopez@milenio.com

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