Que mucho se ha esperado la reapertura del hospital IMSS San Alejandro, cerrado desde el sismo de 2017 y ya se confirmó que ahora sí, será en octubre cuando vuelva a abrir sus puertas. El mismo director del instituto, Zoé Robledo, adelantó que el nuevo edificio contará con casi 300 camas, además de servicios que antes no tenía, como quimioterapia y clínica de mama. Todo ello en una estructura reforzada con materiales más sólidos, para garantizar seguridad tanto a pacientes como a personal médico.
Que no se construirá un cruce peatonal frente al CCU, como lo habían solicitado estudiantes de la BUAP durante el paro de febrero. En su lugar, el gobierno estatal ejecutará el proyecto originalmente planteado, con escaleras eléctricas y elevadores para facilitar el cruce. La razón, según la Secretaría de Infraestructura, es que atravesar los diez carriles de la Vía Atlixcáyotl representaría un alto riesgo para los peatones. La solución será socializada con la comunidad universitaria.
Que ahora sí, hay que reconocer que en el Congreso local se anotaron una buena propuesta que no solo se enfoca en el cálculo político-electoral, sino en el bienestar de los que atraviesan por una situación compleja. Y es que se presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud para disminuir el estrés financiero que enfrentan las familias de pacientes con cáncer, creando un programa de apoyo complementario, económico o en especie, para garantizar transportación, alojamiento, alimentación adecuada y hasta atención psicosocial a familiares, acompañantes y cuidadoras durante los tratamientos oncológicos.
Que la Comisión de Derechos Humanos salió a aclarar el caso de los juegos infantiles colocados en un predio particular en Bosques de San Sebastián. Resulta que desde diciembre de 2022 había una queja contra el ayuntamiento capitalino y tras un proceso de conciliación, en julio de 2024, la comuna aceptó retirar los aparatos. Así que lo sucedido el lunes no fue casualidad; el organismo recordó que actuó dentro de sus atribuciones para proteger los derechos de un ciudadano y que seguirá defendiendo a cualquiera cuando se vea afectado por la autoridad.
