Que no todos los rumanos detenidos por autoridades federales en el aeropuerto de Cancún tienen historial limpio: el Centro Nacional de Inteligencia recibió una alerta sobre cuatro de “alto interés” entre los 120 que arribaron el fin de semana por presuntos vínculos con redes criminales de trata de personas y falsificación de tarjetas de crédito. El canciller Marcelo Ebrard explicó al ministro de Exteriores de Bucarest, Bogdan Aurescu, que se trata de seguridad nacional, por lo que se les envió de vuelta con una nota: “devolver al remitente”.
Que el fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que anuló las sanciones de la Función Pública contra Ernesto Lomelí y su farmacéutica sorprendió en el gobierno de la 4T porque la mayoría del pleno hizo caso omiso de los argumentos esgrimidos por los magistrados Zulema Mosri y Carlos Mena, quienes detallaron todas las irregularidades detectadas a la empresa del otrora superdelegado en Jalisco. Ya se preparan todas las instancias para defender la inhabilitación y multa económica, por lo que el tema va para largo.
Que el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta, aseguró que desde el Senado se respetará la decisión que tome la Cámara de Diputados en torno a la Ley de Banxico. El promotor de la iniciativa consideró que la opinión de los expertos será clave para impulsar este ordenamiento y llamó a que las reformas se consideren como “una nueva política cambiaria social”, una que, por cierto, ha merecido una advertencia desde la UIF, que dirige Santiago Nieto, de autonomía en riesgo por la supervisión de esa misma instancia y la CNBV.
