Que en Palacio Legislativo de San Lázaro no pasó desapercibida la iniciativa del panista Marcelo Torres Cofiño, quien busca poner en aprietos a más de uno dentro de la llamada “austeridad republicana”. Y es que, más allá del discurso, dicen que la propuesta de crear una Ley de Coherencia y Responsabilidad podría destapar prácticas incómodas al interior de Morena, donde algunos perfiles han sido señalados por viajar y vivir muy lejos de la sobriedad que pregonan.
Así que no son pocos los que consideran que esta iniciativa, aunque con pocas probabilidades de avanzar, sí servirá para exhibir contradicciones y abrir fuego político rumbo a los próximos debates legislativos.
Que al interior de la bancada de Partido Acción Nacional ven en la propuesta de Marcelo Torres Cofiño una oportunidad para reposicionar el tema de la transparencia y golpear directamente la narrativa de Morena, justo en momentos donde crecen los cuestionamientos por el estilo de vida de algunos funcionarios. Sin embargo, también hay quienes advierten que abrir este debate podría resultar un arma de doble filo, pues la lupa no distinguiría colores partidistas. Por lo pronto, el tema ya comenzó a generar incomodidad en distintos frentes, donde más de uno revisa con cuidado sus viáticos y gastos antes de que el reflector legislativo apunte hacia ellos.
Que el diputado local Gerardo Aguado Gómez volvió a encender el debate político en torno al llamado “Plan B” de reforma electoral, al acusar que detrás de la narrativa de austeridad y modernización se esconde una estrategia clara de para concentrar el poder.
Que en los pasillos legislativos no pasó desapercibido el señalamiento sobre la falta de diálogo y consenso, lo que —según Aguado— confirma que la iniciativa no busca fortalecer la democracia, sino imponer una mayoría a toda costa. Más aún, causó incomodidad su acusación sobre la omisión del crimen organizado en los procesos electorales, un tema que pocos en la mayoría quieren poner sobre la mesa.
Que desde la bancada panista advierten que no acompañarán ninguna reforma que no incluya medidas contundentes contra la infiltración criminal, por lo que el “Plan B” podría enfrentar un frente más amplio de resistencia del que Morena anticipaba.
Que en los pasillos del Ayuntamiento de Gómez Palacio no pasó desapercibido que la aprobación del informe financiero de febrero y, sobre todo, los ajustes al Presupuesto 2026, llegaron sin sobresaltos ni jaloneos políticos. Dicen que detrás de la unanimidad hubo más que buena voluntad: una operación fina para alinear a todas las fracciones y evitar cualquier fisura en un momento donde las finanzas municipales están bajo lupa. El mensaje fue claro: cerrar filas, cuidar las formas y, sobre todo, mandar señal de estabilidad.
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