Que los alcaldes de Tampico, Ciudad Madero y Altamira van a cerrar filas con el secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga, así como con la Comapa Sur, para presentar un plan contra los socavones en la zona, lo cual fue una petición puntual del gobernador Américo Villarreal Anaya.
Que en una de las mesas de los Diálogos por la Reforma Electoral estuvo Fabiola Saucedo, líder de la Sección Uno del Stprm, con el respaldo de Esdras Romero Vega, secretario del Interior y Acuerdos. Ambos dialogaron con la ministra presidenta Tania Contreras, para expresarle su disposición de trabajar por Tamaulipas en el objetivo de fortalecer al Poder Judicial.
Que el diputado federal Carlos Canturosas aseguró que se dio un paso decisivo para proteger a las familias mexicanas con la nueva Ley General en materia de Extorsión, uno de los delitos que aún se registran en Tamaulipas y que se busca erradicar a través de la denuncia ciudadana.
Que en Matamoros hubo muchos comentarios por la reunión del alcalde Beto Granados con ex presidentes municipales de la ciudad fronteriza, entre ellos los priistas Chuchín de la Garza, Erick Silva y Alfonso Sánchez, con el fin de intercambiar opiniones sobre la ciudad y sus proyectos. Algunos usuarios mencionaron a otros ex ediles ausentes.
Que en Altamira, trascendió que los cambios en la administración municipal no dejaron muy contenta a la diputada federal Blanca Narro, particularmente en el área de Educación, tras la salida de personas de su confianza. Como reacción, la legisladora realizó varias actividades fuera de la agenda pública municipal, en señal de su inconformidad.
Que la magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas está por concluir su periodo en el Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam); sin embargo, se inscribió nuevamente como aspirante, pues desea continuar en el cargo. Al parecer, han quedado atrás sus diferencias con el actual presidente, René Osiris Sánchez.
Que hasta la noche de ayer, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz y la senadora Maki Ortiz Domínguez no se habían pronunciado públicamente sobre el atroz crimen cometido en aquella ciudad fronteriza, donde una familia fue privada de la vida por presunta envidia laboral. También faltaban pronunciamientos de diputados federales y locales de la región.
