Que debería preocupar a todos, sobre todo a los habitantes de la región, el lenguaje polarizante y bravucón del alcalde de Jilotzingo, Raziel Chavarría, quien azuza a sus pobladores ante el conflicto limítrofe con Atizapán de Zaragoza y acusa a esta demarcación de tener “fines expansionistas”. Dice que su municipio perdió en años anteriores más de 30 hectáreas de territorio, y que ahora “no cederán ni un centímetro” de Rancho Blanco, la zona en disputa.
Chavarría advierte en público que habrá una “férrea defensa” jurídica por esa área colindante con Zona Esmeralda. Alguien debería meter en orden a este pequeño Netanyahu región IV, porque una cosa es apelar a las leyes y otra estar generando animadversiones que pueden desbordarse.
Que el presidente de Consejo de Administración Judicial del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, dio a conocer que el siguiente año buscarán fortalecer los órganos jurisdiccionales para resarcir el déficit histórico que tiene el Poder Judicial mexiquense desde hace tiempo, pues sólo cuenta con un promedio de 2.8 jueces por cada 100 mil habitantes cuando la media nacional es de 4.8, y la saturación de trabajo que eso genera tiene sus repercusiones entre la población que ha tenido que recurrir a tribunales.
Que en contraste con el reciente ajuste a la tarifa del transporte público, hay quienes ven un enfoque positivo en que miles de familias mexiquenses hoy pagan menos que antes por exención que los sistemas masivos manejan para niños y adultos mayores. Esa es la diferencia que marcan los más de 36 millones de viajes gratuitos y trasbordos sin costo que el Gobierno de Delfina Gómez ha impulsado en el Mexibús y el Mexicable.
Hacen cuentas y afirman que 17 millones 474 mil viajes sin pago y 18 millones 798 mil transbordos gratuitos representan un ahorro real para los hogares, que protege el ingreso familiar, especialmente en municipios como Ecatepec, Tecámac, Tlalnepantla o Nezahualcóyotl, donde las distancias y los tiempos de traslado suelen ser largos.
