Que con el timing político muy medido, algunos protagonistas de la elección reservaron sus mejores cañonazos para este miércoles, último día de campañas y víspera de la “etapa de silencio” previa a la votación. Hubo declinaciones, acusaciones y bravatas, a sabiendas de que sería muy apretado el tiempo para responder. Está claro que para los políticos, de cualquier tamaño, género y color los “códigos de honor” no son lo suyo.
A partir de hoy viene lo más intenso de la guerra sucia, con acusaciones de todo tipo. Ya se prevé hasta el arcaico “volanteo” difamatorio, sobre todo en importantes municipios del Valle de México, como un último pataleo autoría de quienes ven cerca la derrota. Por desgracia, son recursos que prácticamente nunca son investigados con seriedad por las autoridades para buscar responsables.
Que pasando las elecciones volveremos a la dura realidad y se reavivarán los viejos polémicos temas, así que vale la pena ir aterrizando. Uno de ellos es el de la pertinencia o no de la prisión preventiva. Para documentarnos, hay que recordar que el Estado de México es la entidad con más personas de todo el país en esta modalidad. Es decir, con más presos y presas en espera de una sentencia.
De acuerdo con los registros que obtuvo el Instituto Nacional Electoral de los sistemas penitenciarios de las 32 entidades para la votación desde los penales, en el país existen 30 mil 391 personas a quienes no se les ha definido si son culpables o no del delito que les acusan, o les dirán el clásico “usté disculpe”.
Que quien se ve muy complicado que la pueda librar es el virtual ex alcalde de Santiago Tianguistenco, Diego Erik “N”, acusado junto a su hermana por el delito de extorsión. Les dictaron vinculación a proceso porque según testimonios serios exigían a un servidor público municipal hasta 5 millones de pesos y “aviadurias” a cambio de no ser “levantado” por miembros de la delincuencia, de esa que cada vez más se confunde con la política.
