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Lunes , 18.03.2019 / 10:58 Hoy

Correos del lector

2015-10-21

Editoriales

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Interés y justicia

Con nuevas facultades para poder intervenir en materia de corrupción, los tribunales administrativos deben de convertirse en puentes entre la ciudadanía y la gobernanza, en donde se pueda aterrizar los principios del artículo 134 constitucional que contempla a favor de los ciudadanos una garantía de contar con funcionarios públicos y administraciones que sean “eficientes y eficaces, transparentes, económicas y honradas”. Por lo tanto, el debate actual que se plantea para buscar delimitar la alta discrecionalidad con la que cuentan estos tribunales debería de enfocarse en el interés legítimo. La mayor parte de las legislaciones en materia de la administración pública han muy poco contundentes en garantizar al ciudadano el de contar con herramientas, como lo sería el poder acceder a estos tribunales a través de esa facultad de acceder a la administración de justicia que atiende, no a la titularidad de un derecho, pero a la obligación que tiene la administración pública hacia sus ciudadanos. En Jalisco, de haber contemplado la figura del interés legítimo, los colonos afectados por violación a sus planes parciales de desarrollo, podrían haber accedido a órganos de justicia en sede local, invocando un control de convencionalidad de derechos humanos que van desde violaciones a medio ambiente, vivienda digna, al agua potable, o inclusive, el derecho a una ciudad. El problema es que en tanto no se contemple la posibilidad a los ciudadanos a acceder a estas figuras procesales, deberán de depender del amparo colectivo, un mecanismo de por sí costoso y bastante técnico, quedándose en estado de indefensión hasta que el legislador ya sea federal o local decida tutelar esta herramienta procesal. Sería conveniente que se de su lugar al ciudadano para que pueda contar con el poder suficiente para ser un actor central en el desarrollo de la administración pública; y, auxiliado del interés legítimo, se busque establecer lineamientos de justicia en el quehacer público que respondan a los principios constitucionales ya mencionados. De lo contrario, de continuar un debate que desatiende la lejanía entre la justicia administrativa y el ciudadano, no sólo es un error garrafal que acabará imponiéndose, sin discusión alguna, desde la jurisdicción federal con ciudadanos insatisfechos, y la legitimidad pública resquebrajada.

Germán Cardona Müller

Familia y delito

Crecí en una colonia popular donde prácticamente todos los de la misma generación buenos, malos y regulares nos conocíamos, jugábamos en las calles, competíamos en deportes cuadra contra cuadra, eso me permitió ser testigo de algo que hoy tomo conciencia, una familia estable con padre y madres es lo más importante para hacer hombres de bien para la sociedad. Analizando en retrospectiva y sin menospreciar las honrosas excepciones, contabilicé que en mi cuadra vivieron siete familias con papá y mamá que se mantuvieron juntos durante la crianza, cada familia tenía entre cinco y siete hijos, hoy todos son gente de bien, en cambio los que crecieron solo con la presencia de la madre por lo general terminaron mal, en especial los varones se metieron en problemas con la ley, unos están en la cárcel, otros están en mala situación económica, esclavizados a fuertes vicios y algunos hasta han muerto violentamente, el mismo resultado me dio cuando extendí el análisis a nivel colonia, así de importante es para la formación de un hijo tener una familia estable. Creo que lo mejor que un gobierno puede hacer para prevenir el delito es fomentar y defender la familia estable como núcleo de la sociedad.

Humberto Curiel Torres

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