Que aprobaron las comparecencias y quieren a los funcionarios ahí, pero a la hora de la hora dejan vacío el salón de sesiones del Congreso y el funcionario acaba hablándole a la pared. Más que preguntar, predomina el espectáculo y el show. Que rindan cuentas, claro que sí, pero debe privilegiarse el diálogo y hacer las preguntas adecuadas: aunque sean duras, pero centrándose en los problemas y las deficiencias administrativas. Con circo o ausencia se pierde la oportunidad de conocer el fondo. Las citas de Juan Pablo Hernández (Seguridad), Edna Montoya (Búsqueda), Salvador González de los Santos (Fiscalía), Héctor Raúl Pérez (Salud), Luis García Sotelo (Hacienda) y Juan Carlos Flores (Educación) son la ocasión para exigir resultados, no para lucirse. El show como el año pasado no sustituyó la rendición de cuentas.
Que es inusual que funcionarios de Jalisco reconozcan en público que “les hemos quedado mal” a las familias buscadoras. La vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, admitió ante diputados la falta de personal, cero plazas nuevas y una agencia con hasta 470 casos; la Comisión Estatal de Búsqueda pasó de 190 a 244 trabajadores, aún insuficientes, y el Instituto Forense acepta retrasos genéticos. La franqueza es valiosa, pero luego “salió el peine”: todo deriva en que se necesita más dinero, plazas y un proyecto de 50 millones para laboratorios rumbo al presupuesto 2027. Sin recursos inmediatos, la honestidad no identifica a nadie.
Que un cargamento de 52 toneladas de aguacate procedente de Jalisco, Colima y Nayarit, fue interceptado y quemado en Peribán, Michoacán, tras ser rechazado en una empacadora de Uruapan por una presunta infestación de gusano barrenador. Los productores michoacanos, que mantienen bloqueos y revisiones en los accesos a la región, argumentan que la fruta no superó los filtros fitosanitarios y representaba un riesgo para la zona aguacatera, considerada libre de esta plaga. El incidente ocurre en medio de protestas del sector por los bajos precios del aguacate, que exigen se pague a un mínimo de 40 pesos por kilo.
