Que la instrucción para todos los elementos era resistir, mantenerse firmes y no dejarse provocar por las agresiones durante la marcha por el agua limpia; quienes actuaron de manera indebida habrían desacatado esa orden. El incumplimiento de esa instrucción provocó la crisis más grave de los primeros dos años del gobierno de Pablo Lemus: justo la que después revirtieron y que ayer prácticamente enarbolaron con el lema “No a la confrontación”. “No peleemos, también somos pueblo”, fue el mensaje de las propias pancartas que la policía exhibió como bandera blanca.
Que la revisión del protocolo para manifestaciones violentas vuelve a la mesa a solicitud de Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco. La revisión se justifica porque en dos domingos se pasó de un extremo a otro: primero, represión, abusos policiales y retención de manifestantes en Palacio de Gobierno; después, omisión ante incendios y desmanes. Ayer el operativo fue distinto: la ciudadanía evitó infiltraciones en el Parque Rojo y el gobierno de Pablo Lemus no aplicó la fuerza contra quienes marcharon por una causa justa, como el agua limpia. Ese manejo diferenciado es positivo y debe reconocerse. Pero no basta: un grupo de “porros” causó daños graves al patrimonio histórico y hay fotos de presuntos responsables. Separar a manifestantes legítimos de grupos violentos es correcto, pero ya separados se dejó que los violentos actuaran a sus anchas. Ahora se deben investigar y sancionar los daños. El aprendizaje es parcial: la revisión del protocolo sigue pendiente.
Que la CNDH no se retira de Guadalajara. El equipo enviado por Rosario Piedra Ibarra continuará de forma indefinida con las investigaciones por la represión policial del pasado 11 de octubre y se mantuvo expectante y vigilante durante la segunda marcha por el agua este domingo. El organismo exige esclarecer las detenciones irregulares y seguimiento médico para el estudiante de derecho que sufrió una fractura cervical.
