Política

La Tremenda Corte

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Que se intensificó la lucha en Morena con un pleito que sí importa. Un militante pide cancelar los derechos partidistas de Carlos Lomelí. No es un tema de visa ni de elegibilidad formal: es prueba de fuego para el discurso anticorrupción de la 4T. Lomelí acumula una designación de OFAC en 2008, siete expedientes de la Función Pública, sanciones a sus empresas y una multa electoral confirmada por el TEPJF. Nada es condena penal, dice su correligionario José Carlos Pérez Pérez, pero todo es antecedente -¡ups, se llevan bien pesado!-. Con la revisión del caso en la Comisión de Honestidad interna y el INE instalando una comisión de integridad, la verdadera pregunta que se hacen los morenistas no es si Lomelí es culpable, sino a quién dentro de Morena le conviene que siga o que se caiga.

Que Mónica Magaña se convirtió en la primera diputada mexicana en dirigirse ante el Consejo Directivo de la OPS en Washington. Llevó la experiencia de Jalisco: leyes locales con partidas presupuestales fijas para cáncer infantil, cáncer en mujeres, diabetes tipo 1 y autismo. Propuso tres ejes: compras consolidadas, financiamiento predecible y rendición de cuentas. Ocurre durante el análisis de los Fondos Rotatorios Regionales, clave para vacunas y medicamentos en América. El dato: por primera vez el Poder Legislativo mexicano tiene voz formal en la OPS. Falta ver si se traduce en mecanismos concretos.

Que la Junta de Coordinación Metropolitana ratificó a Patricia Martínez Barba hasta 2030. Solicitó una pausa temporal para atender unos temas de salud, sin precisar duración. Alcaldes de todos los partidos y el gobernador Pablo Lemus respaldaron su continuidad. La pausa es personal, no un cambio de rumbo: el proyecto y su equipo mantienen continuidad destacando los avances en el Plan de Desarrollo Metropolitano, el Plan de Ordenamiento Territorial, Mi Bici y la Línea 5.

Que los narcocorridos siguen prohibidos en Jalisco como propuso el gobernador Pablo Lemus, pero por una vía distinta. La SCJN invalidó el término “vicio” por ambiguo e impreciso, no la figura de apología del crimen ni de las armas. La Corte protegió la libertad de expresión frente a un concepto vago, no abrió la puerta a la apología del delito.



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