Que justo hace años un comando irrumpió en un anexo del municipio de Irapuato matando en el lugar a 26 internos, hecho que se atribuyó a una venganza del grupo delictivo originario de la comunidad de Santa Rosa de Lima en Villagrán y que encendió las alerta sobre la operación de un sinnúmero de lugares en la clandestinidad.
Ese año se anunció una estrecha cooperación entre la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud para poner en orden a estos lugares luego de un acuerdo del gabinete de seguridad para que los centros cumplieran con la normatividad vigente, de lo contrario no podrían seguir funcionando.
Que a mitad de 2023, a tres años de distancia sale a la luz otro hecho sumamente preocupante relacionado con un anexo, ahora en el municipio de Cuerámaro, zona de preponderancia del grupo delictivo originario de Jalisco, en donde 26 personas fueron secuestradas para obligarlos a ser sicarios.
Para nadie es desconocido que estos centro de “rehabilitación” suelen ser la fachada de centros de operación del crimen organizado que en muchos casos se convierten en guarida de maleantes que se esconden de las autoridades, esperemos no ocurra otra masacre para que salgan a asegurar que ahora sí los pondrán en orden.
Que nadie entiende porqué la cifra de centros de este tipo se mantiene sobre los 200 en donde la mayoría no tienen reconocimiento oficial y operan identificados por la autoridad sanitaria pero sin reconocimiento del Consejo Nacional Contra las Adicciones.
En muchos casos la clandestinidad de lo común pues sin contar incluso con permisos municipales para operar estos abren su puertas generalmente en colonias de escasos recursos y son acusados incluso de violentar los derechos humanos de las personas en “tratamiento”.
