Queda claro que la policía no. Ni siquiera cuando, como ocurrió el lunes en Acapulco, ocho hombres que se enfilaban a tomar el aeropuerto pateaban con sevicia a un policía estatal que se desangraba en el suelo.
La orden del gobernador Rogelio Ortega es categórica: soporten mientras la violencia de los manifestantes no toque a personas. Y como no queda claro si los policías forman parte de la categoría de “personas”, la indignación post-Ayotzinapa tiene, por lo pronto, permiso para golpear, medio matar policías.
El sábado a las puertas de Palacio Nacional también se agredió resueltamente a la fuerza pública. El incentivo es muy alto para que, al grito de “¡todos somos Ayotzinapa!”, los grupos sociales que no están perdiendo la oportunidad de transmutar la tragedia en botín multipliquen los ataques contra la autoridad.
La Policía Federal tiene instrucciones parecidas. Aguantar, aguantar, porque lo peor sería obsequiar una imagen de represión a quienes parecen buscarla entusiastamente. ¿Qué hacer entonces?
La encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, levantada el lunes, puede dar un norte. A la pregunta de si los propios manifestantes pacíficos deben denunciar a quienes realicen actos de vandalismo o violencia, un sorprendente 69 por ciento de guerrerenses y 74 por ciento de mexicanos respondieron sí.
Me sumo a esa mayoría. Es hora de dolor, indignación, protesta. Pero no puede ser tiempo de robar, herir, denigrar, matar. Tiempo de canallas.
Llamemos a las cosas por su nombre. La violencia después de la tragedia está siendo patente exclusiva de algunos grupos, de algunos manifestantes.
