El 21 de mayo de 1911 fueron firmados los acuerdos que pusieron fin a la rebelión de Madero. A las once de la noche, en la calle de la aduana de Ciudad Juárez —“alumbrándonos con cerillas y faros de automóvil y sobre la espalda de uno de los concurrentes”, recuerda un testigo— fue firmado el armisticio, con el objetivo de hacer cesar las hostilidades en México. Decía así: “Considerando, i) que el señor general don Porfirio Díaz ha manifestado su resolución de renunciar a la Presidencia de la República antes de que termine el mes en curso, ii) que se tienen noticias fidedignas de que el señor don Ramón Corral renunciará igualmente a la Vicepresidencia de la República dentro del mismo plazo, iii) que por ministerio de la ley, el señor licenciado don Francisco León de la Barra, actual secretario de Relaciones Exteriores del gobierno del señor general Porfirio Díaz, se encargará interinamente del Poder Ejecutivo de la Unión y convocará a elecciones generales dentro de los términos de la Constitución, iv) que el nuevo gobierno estudiará las condiciones de la opinión pública en la actualidad para satisfacerlas en cada estado dentro del orden constitucional y acordará lo conducente a indemnización de los perjuicios causados directamente por la revolución. Las dos partes representadas en esta conferencia, por las anteriores consideraciones, han acordado formalizar el presente convenio: Cláusula única, Desde hoy cesarán en todo el territorio de la República las hostilidades que han existido entre las fuerzas del gobierno del general Díaz y las de la revolución, debiendo éstas ser licenciadas a medida que en cada estado se vayan dando los pasos necesarios para restablecer y garantizar la tranquilidad y el orden público”.
En los tratados, el gobierno demandó —y la revolución aceptó— que todo fuera acordado con apego a la legalidad, lo que trascendió en estas expresiones: dentro del orden constitucional, por ministerio de la ley, dentro de los términos de la Constitución… Algunos de los revolucionarios habían vislumbrado ese peligro durante las negociaciones. Carranza lo señaló la víspera del ataque a Ciudad Juárez. “Nosotros, los verdaderos exponentes de la voluntad del pueblo mexicano”, dijo, “no podemos aceptar las renuncias de los señores Díaz y Corral, porque implícitamente reconoceríamos la legitimidad de su gobierno, falseando así la base del Plan de San Luis Potosí”. Carranza asumía que la revolución podía vencer, sin transar, lo cual era temerario, pero posible. Y tenía razón: al pedir las renuncias de Díaz y de Corral, reconocía sus títulos, con lo que contradecía el Artículo 5º del Plan de San Luis Potosí, que afirmaba que Madero asumiría la Presidencia para convocar a elecciones en México. La revolución no conquistó el poder; transigió con el poder.
A su llegada a Europa, el general Díaz dio una entrevista a El Correo Español. “No entregué el poder a los revolucionarios”, dijo, “sino a la persona señalada por la Constitución”. Era correcto. Los tratados formalizaron la rendición de la dictadura, pero también el sometimiento de la revolución, que reconoció la legitimidad de los poderes constituidos in cápite, la legalidad de la presidencia de Díaz, la vicepresidencia de Corral y el interinato de León de la Barra, y aprobó la cesación de las hostilidades y el licenciamiento de sus fuerzas, por la cláusula única del convenio que firmó en Ciudad Juárez.
