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Martes , 23.04.2019 / 01:35 Hoy

Carta de viaje

Revocación de mandato

Carlos Tello Díaz

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En México, desde los tiempos del general Cárdenas, el titular del Ejecutivo duraba seis años en la Presidencia. Ni uno más, ni uno menos. El proyecto de revocación de mandato cuestiona esta certidumbre, que ha sido esencial para la estabilidad política de México. El asunto, en extremo delicado, ha sido tratado con prisa, porque la mayoría en el Congreso no planea legislar para la administración que será electa en 2024, sino para el presidente que fue votado en 2018. El Presidente quiere estar presente en la boleta de las elecciones intermedias, donde serán votados 500 legisladores, 13 gobernadores y miles de ayuntamientos. Desea influir en ellas. La izquierda, desde la oposición, criticó siempre que el presidente se entrometiera en las elecciones. Es lo que está queriendo hacer ahora.

Los plebiscitos de revocación de mandato provocan, invariablemente, la polarización de la sociedad, a la que dividen en dos: los que están a favor y los que están en contra. En la historia más reciente de América Latina, la figura de la revocación ha tenido como consecuencia la construcción de hegemonías que resultan aplastantes (los regímenes de Hugo Chávez y Evo Morales) o la interrupción de gobiernos que estaban establecidos (el caso de Augusto Pinochet). En Venezuela ocurrió un referendo revocatorio en 2004, que Chávez ganó con 59 por ciento de los votos; en Bolivia, asimismo, fue organizado un plebiscito revocatorio en 2008, que Morales ganó con 67 por ciento de los votos. “Una consecuencia inmediata de ambos procesos fue que en los dos países se estableció la reelección indefinida”, escribió Rafael Rojas en La Razón.

Muchos temen que algo similar pueda suceder en México. Un triunfo en el plebiscito, sobre todo si es arrollador, podría tentar al Presidente. ¿Por qué limitar la voluntad del pueblo que lo quiere, si ella es soberana? Existe, sin embargo, la posibilidad de la derrota, un escenario que también es peligroso, sobre todo si la diferencia de la votación es mínima. En la iniciativa de Morena, presentada a la Cámara de Diputados, se indica que el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización, el cómputo y la declaración de los resultados de la consulta. López Obrador no acató el fallo del IFE en las elecciones presidenciales de 2006 ni en las de 2012. En ambos casos alegó fraude y en ambos casos fue secundado por sus seguidores. ¿Qué pasaría si pierde en 2021?¿Reconocería su derrota? ¿Dejaría la Presidencia a los tres años, a pesar de haber sido electo para seis? ¿O hablaría de fraude y desconocería los resultados? La respuesta la podemos vislumbrar en la iniciativa de Morena. “Cuando sea determinada la revocación por el Instituto Nacional Electoral”, afirma, “el presidente de la República contará con un plazo de 30 días naturales para impugnar dicha declaratoria, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en términos de la fracción II del artículo 99 de esta Constitución”. En otras palabras, si el Presidente pierde el voto, habrá confrontación. Ese es el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados. Falta ver lo que diga el Senado.

Investigador de la UNAM (Cialc)


ctello@milenio.com
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