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Domingo , 21.04.2019 / 13:52 Hoy

Al Derecho

Transición incompleta

Carlos A. Sepúlveda Valle

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Entre 1977 y 2014 se han hecho en México once reformas electorales, ocho de estas, 1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, (se dijo que era la “reforma electoral definitiva”), 2007 y 2014 fueron de amplio alcance ya que obligaron a modificar la Constitución y se expidieron nuevos ordenamientos o se adecuó la legislación federal y de las entidades.

En cada una de esas reformas se garantizaron más derechos, se crearon nuevas (y muy onerosas) estructuras burocráticas, se autorizó la existencia de nuevos partidos políticos con más prerrogativas y sustanciales incrementos en el financiamiento público y el acceso gratuito a la TV, se establecieron procedimientos tortuosos, sistemas de impugnación complejos, y se regularon las precampañas, inter campañas y campañas de una manera disparatada.

Los procesos electorales en todo el mundo se hacen con métodos sencillos ya que las tareas básicas de las autoridades electorales, normalmente funcionarios municipales o estatales, son registrar a candidatos, regular campañas, imprimir el material electoral, designar a los funcionarios, instalar las mesas de casilla, recibir la votación (la jornada dura diez horas), contar los votos y declarar a los ganadores.

En las naciones desarrolladas y con mayor cultura cívica las elecciones se organizan en cuestión de días, ningún país cuenta con organismos profesionales permanentes como el INE, el TRIFE, las Fiscalías Especializadas en delitos electorales, tampoco tienen tantas leyes electorales (en nuestro país tenemos más de cien).

Un ejemplo del absurdo a que hemos llegado lo tenemos en el artículo 41 de la Constitución que regula la organización electoral y las prerrogativas de los partidos políticos, el texto de ese numeral tiene prácticamente el mismo número de palabras que toda la Constitución de los Estados Unidos.

En México existen 33 institutos electorales, 33 tribunales electorales y 33 fiscalías especializadas para delitos electorales, estos organismos están sumamente burocratizados, cuentan con más de 30,000 servidores públicos permanentes, la gran mayoría de ellos se aburre atrozmente ya que fuera de los meses de proceso electoral no tienen que hacer.

Si este gasto electoral se destinara a algo productivo se podrían construir dos líneas 3 del tren ligero, cientos de kilómetros de autopistas o levantar decenas de centros hospitalarios cada año, nada justifica que la federación y los estados gasten más de 50,000 millones de pesos anualmente para pagar la burocracia electoral y el subsidio a los partidos políticos, y eso que en esa cantidad no se incluye el costo de los spots de radio y TV que se transmiten gratuitamente pero cuyo costo es de varias decenas de miles de millones de pesos.

Este esquema se tiene que modificar, ya veremos que después de que se instale la nueva legislatura del nuevo Congreso de la Unión se volverán a hacer reformas a la Constitución y a las leyes que regulan los procesos electorales. Son muchos los puntos que se tendrán que modificar en la doceava reforma electoral de los últimos cuarenta años.

Es imperativo reducir el número de spots, es ofensivo que la ley autorice que partidos, precandidatos y candidatos transmitan decenas de millones de anuncios a cargo del erario público. Si es cierto que en el proceso del 2018 se transmitieron 59 millones de spots (supongo que se incluyen el total de los tres años) esa publicidad tendría un costo muy superior a los 100,000 millones de pesos.

El financiamiento público a los partidos se debe reducir y el costo de la estructura electoral debe disminuir. En ningún país se gasta tanto en algo tan improductivo como organizar elecciones, un cálculo conservador arroja que cada minuto de los 600 minutos que dura la jornada en la que se emite el voto cuesta 400 millones de pesos, es decir que las elecciones le cuestan a la hacienda pública 80,000 millones de pesos cada año, gasto en el que no se incluyen las aportaciones particulares ni los recursos que legalmente pueden obtener los partidos, tampoco se considera el dinero “ilegal” o no fiscalizable que según expertos como Luis Carlos Ugalde supone hasta quince veces más de los montos autorizados (me parece excesiva esa suposición).

Las abigarradas disposiciones electorales han convertido algo sencillo que es votar y contar los votos en algo sumamente complejo, después de cuatro décadas de “transición” no solo persiste la desconfianza en las elecciones sino que la preocupación de todos los partidos y candidatos es encontrar mecanismos que les permitan manipular la voluntad popular con el dinero público que reciben.

La transición política en México es un proceso incompleto porque la mayoría de los ciudadanos desconfía de los políticos y porque estos desconfían de los procesos electorales a pesar de las costosas instituciones y las ingentes cantidades de dinero público que reciben para la promoción de sus ambiciones personales.

csepulveda108@gmail.com

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