El lunes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó un decreto del Poder Ejecutivo.
Es un “Decreto por el que se abroga el Decreto por el que se modifica el diverso por el que se habilita y modifica la habilitación de diversos puertos y terminales en el territorio nacional, publicado el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, y se establece la Mesa de Trabajo para la regulación administrativa en materia de navegación en el Puerto de Loreto”. (sic al lenguaje abogadil).
El del lunes está “expedido” por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, “en adelante la PEUM, en unión de Secretarías de Gobernación, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Turismo”.
El Decreto entró en vigor el día de su publicación, esto es, el 25 de mayo de 2026, según el primero transitorio.
Esto echa para atrás la reclasificación que tenía la intención de recibir tráfico de gran escala en el Parque Nacional Bahía de Loreto. Abría la puerta a mega cruceros dentro del Parque Nacional Bahía de Loreto, un área crítica para la supervivencia de la ballena azul, especie en peligro de extinción. Además, clasificar a Loreto como Puerto de Altura reducía drásticamente los costos operativos para la minería terrestre. Proyectos mineros que antes eran inviables se volvían rentables porque se les daba dónde descargar maquinaria y por dónde sacar el material. Loreto dejaba de ser un destino turístico para convertirse en un punto de embarque de minerales. Ahí, en el acuario del mundo.
Es, antes que nada, una gran noticia. La movilización de la comunidad de Loreto —pescadores y habitantes— fue exitosa, lograron ser escuchados, veremos ahora cómo va la mesa de trabajo y en qué acaba.
Ahora. Más allá de la buena decisión, vale la pregunta de por qué se había tomado la otra, apenas hace mes y medio, con todo y la firma de la Presidenta. Algo como lo que había sucedido con el proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, presumido por la Presidencia como muestra de gran inversión para después ser cancelado.
¿Qué pasa? Es un problema de comunicación con, por ejemplo, la Consejería Jurídica, encargada de los decretos. O con la Secretaría del Medio Ambiente, o la de Turismo, o la Marina.
Insisto. Los desistimientos, las reversas, me parecen muy buenas decisiones para el medio ambiente, los mares y su fauna de nuestras costas, pero en tiempos en que se necesita certidumbre, lo del anuncio y luego la reversa, no es lo mejor.
