Vivo en un país en el que en las cárceles mandan los internos.
Cuesta poco escribir eso. Lo hemos dicho tantas veces que nos parece normal.
El costo es tremendo para el país.
El fracaso, ahí sí, del Estado es brutal.
Inútil sería enumerar la cantidad de penales en los que han existido fugas, amotinamientos, abusos, desde los que se cometen crímenes... en fin.
Es increíble que el Estado mexicano, gobiernos federal, estatales y municipales, no haya logrado controlar ni siquiera lo que sucede en ese espacio confinado y, supuestamente, protegido.
Si eso no se puede tener bajo control, entonces ¿qué?
El 23 de enero, en el blog de seguridad de Nexos, Lilian Chapa Koloffon, a quien he citado en otras ocasiones en este espacio, escribió una provocación deliciosa por certera.
Frente a los bla, bla, bla de todos los políticos sobre seguridad propuso lo siguiente: "...que todo funcionario que hable del tema desde cualquiera de los tres niveles de gobierno —secretario de Gobernación, comisionado nacional de Seguridad o titular de la oficina para la prevención del delito del estado o municipio— lo haga en los siguientes términos:
"¿Cuántos individuos que cumplieron una sentencia recibieron una capacitación que les permita emplearse? ¿Cuántos jóvenes que se encontraban en conflicto con la ley retomaron sus estudios? Y a partir de esto, ¿cuántos se reintegraron a sus comunidades con éxito un año después?
"¿Cuántas familias con violencia en su interior reciben el apoyo terapéutico que requieren y cuántos niños con problemas serios de conducta en la escuela? ¿Cuántos hijos de individuos que cumplen una sentencia en la cárcel reciben atención integral?
"Incluso, dado nuestro contexto, sugiero que vayan aún más lejos: ¿cuántos individuos dejaron las filas de la delincuencia común, de la organizada o de pandillas violentas como resultado del programa de reintegración?".
Me uno a la provocación de Lilian.
Y me avergüenzo.
Un Estado que no puede controlar un lugar con bardas, alambres, custodios.
Ni eso.
Twitter: @puigcarlos
