Ayer domingo, en Tuxtla Gutiérrez la policía estatal chiapaneca desalojó a un grupo de normalistas de ese estado que acompañaban a los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en aquella triste noche en Iguala.
Los videos y los reportes de la prensa local dan cuenta de la violencia con la que se efectuó el desalojo y a la hora que escribo esto se reportan varios heridos del lado de los jóvenes.
El gobierno de Chiapas tiene otros datos y dijo que actuaron “bajo el protocolo de desalojo con respeto a los derechos humanos y restablecieron el orden”. Acusaron a los estudiantes y a los padres de los 43 normalistas de “lanzar bombas molotov, piedras y cohetones a los uniformados dejando aún elemento con una lesión en la cabeza por lo cual tuvo que ser trasladado para su atención médica”. Y advirtieron que —tome aire, querido lector— el gobierno de Chiapas mantendrá “el estado de derecho y evitará la afectación de tercero con manifestaciones violentas que alteren el clima de paz y tranquilidad que se vive en Chiapas”.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario Alejandro Encinas reprobaron la actuación de la policía local y exigieron que se investigue y sancione a los responsables.
Hace apenas unos días, el presidente López Obrador se había reunido una vez más con los padres de familia de los 43 y había invitado a que en esas reuniones participaran el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Fiscal General.
Han pasado 14 meses desde la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. La secretaria de gobernación y el subsecretario han dicho en múltiples ocasiones que es la prioridad para la secretaría. Es más: Encinas ha insinuado que se tienen nuevas evidencias y no ha dicho cuáles, y la secretaria ha hablado de asesinatos en Guerrero de posibles testigos o participantes de aquella noche.
No hay, sin embargo, avance ninguno —no que se conozca.
La presidenta de la CNDH ha desconocido la mejor investigación de aquellos hechos —realizada por la institución que ahora lidera— sin siquiera leerla.
Destruir la verdad histórica en el discurso requiere de construir otra.
La paciencia de los padres de familia tendrá un límite.
@puigcarlos
