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Lunes , 18.02.2019 / 23:50 Hoy

Duda razonable

La prueba de fuego de Gertz

Carlos Puig

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El reportaje que publicamos ayer en conjunto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre la investigación interna de Pemex, que desde 2015 descubrió que donaciones de la petrolera a gobiernos estatales y dependencias federales eran presuntamente desviadas por empresas gasolineras, es una más de las múltiples evidencias que tenemos de que el asunto del robo de combustible no se limita a picado de ductos y comunidades rellenando bidones, sino que involucra a industriales y empresarios; y, creo que más importante, que los gobiernos anteriores sabían de esas operaciones.

Es más, ayer mismo en su columna, Carlos Loret de Mola da a conocer que el ex procurador Raúl Cervantes le confirmó investigaciones avanzadas cuando él estaba a cargo.

Hoy tenemos una mejor idea del tamaño del fraude, del robo, del saqueo.

Y hoy tenemos idea de todo lo que no se hizo para frenarlo.

Me decía ayer Bárbara Anderson, coautora del reportaje, que después de estos meses de trabajo sobre el documento y otras informaciones, queda claro que en Pemex se creó una cultura en en la que todo se sabía y nadie se atrevía en serio a sonar la alarma.

Que un ex procurador nos diga que se hicieron investigaciones avanzadas pero que como él se fue, pues quién sabe qué pasó, es una acusación directa a su sucesor —como con Odebrecht— o de alguna manera confesión de su incapacidad para concluir aquellas investigaciones.

Poco de eso importa ahora.

Andrés Manuel López Obrador decidió que la lucha contra el robo de combustible sería su primera gran batalla pública. Ha tenido costos. Pero ningún costo será mayor si en este camino no se anuncian acciones legales serias contra quienes por mucho tiempo han hecho del combustible su negocio propio. Desde los que pican un ducto a los que juegan con software, a los que hacen negocio del grande, del industrial.

El titular de la Unidad Financiera de Hacienda sigue congelando cuentas, pero eso solo se sostiene con trabajo de la Fiscalía General, con expedientes bien armados y con la voluntad política de ir contra compañías con muchos recursos, contactos políticos y relaciones en el Judicial.

También puede no hacer nada y tener a un poderoso sector nada más amenazado, cosa que sirve para la política.

Ahí está la primera prueba. No es poca cosa.

@puigcarlos





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