Dice el polémico memorando del Presidente: “La nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. La intención de la reforma aprobada es la misma. Salvo los malditos detalles.
Hay que decir que la nómina del sector educativo ya está bajo control del gobierno federal. O casi, o la que hay que tener. Y la otra… tener la que hoy no tiene, pues costaría mucho dinero, alrededor de 90 mil millones de pesos anuales.
Después de la descentralización de 1992 cuando se decidió que los estados se encargaran de la administración de los maestros mediante una bolsa transferida desde Hacienda, los estados por cuenta propia siguieron contratando personal docente y no docente (intendentes, administrativos) con cargo a sus presupuestos y les otorgaron una enorme cantidad de prestaciones no reconocidas por la Federación —esto muchas veces por razones políticas—. Esta ha sido la razón del creciente déficit de varios estados, por eso Silvano Aureoles quiere darle toda su nómina a la Federación. Chiapas, por ejemplo, presupuesta para este efecto alrededor de 10 mil millones de pesos anuales y ha necesitado apoyos federales extraordinarios, no es el único estado.
Que Hacienda tenga la nómina fue un paso correcto. Por ejemplo, antes de 2015, los estados jineteaban o simplemente no pagaban el ISR retenido a maestros. Dos años después de la reforma, el ISR enterado a Hacienda fue doble.
Ahora, es cierto que quedan casi uno de cuatro maestros en nóminas estatales. No se centralizaron porque, entre otras cosas, tienen prestaciones o prebendas inusuales producto de negociaciones locales —en Michoacán hay directores de primarias que gracias a esas concesiones estatales hechas a lo largo de muchos sexenios ganan al año hasta 865 días del salario oficial que ganan otros en otros estados—; o porque simplemente nadie sabe qué hacen, o no hacen nada, o nadie sabe dónde están. La mayoría de los estados —y no solo donde opera la CNTE— tienen poco control sobre su nómina magisterial.
Cumplir esa parte del memorando y la ley, es decir, atraer esa historia de negociaciones y prebendas políticas entre gobernadores y sindicato, es tal vez el mayor reto del memo y de la reforma.
El más caro en todos los sentidos.
@puigcarlos
