Ayer un juez volvió a negar las órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República había pedido en contra de 31 científicos y funcionarios de Conacyt y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que había creado Conacyt y que esta administración desapareció.
Lo hizo, entre otras cosas, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se había pronunciado sobre el tema unos días antes, en el mismo sentido, y a Gertz no le pareció. Para eso había que inventar algunos delitos, unos fuertes como delincuencia organizada y manejo de recursos de procedencia ilícita (aunque los recursos venían de Conacyt), pero a partir de la historia de esta fiscalía, sobre todo porque eso le permitía amenazar con Almoloya.
Y es que el fiscal comparte con el gobierno actual —que ha aumentado seriamente los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa— su pasión por meter gente a prisión antes de la sentencia y si es Almoloya, pues mejor, porque es la peor de todas.
En la denuncia contra los científicos lo dejan bien claro. Cito: “…en primer lugar, debe señalarse que el hecho que se atribuye a los imputados implica la recepción y adquisición de enormes cantidades de dinero. Cuestión que se traduce en que al tener las personas investigadas una capacidad económica obtenida en forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias, o incluso poner en peligro la seguridad interna de las prisiones por tener medios económicos para favorecer para sí un trato diferenciado. O, eventualmente, ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman o por diversas personas para una evasión. Sin dejar de lado que también podría estar esta capacidad económica. Un riesgo propio para los imputados, puesto que al estar sujetos a una medida cautelar internos en un centro penitenciario de baja seguridad podría poner en peligro su vida e integridad física, ya que las terceras personas que se vean afectadas de forma directa o indirecta en el desarrollo del proceso penal podrían valerse de esta mediana o baja seguridad del lugar de reclusión para atentar contra la vida de los imputados en aras de que no se les relacione en los hechos, buscando con esto sustraerse a la acción de la justicia”.
La imaginación de la FGR da para todo. Su pasión por la revancha y el castigo, igual.
Lo de la justicia… mñeeee.
Carlos Puig
@puigcarlos
