M+.- Para los apuros en que está, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó pasar la oportunidad de corregir uno de los mayores disparates de Andrés Manuel López Obrador: la demolición del Poder Judicial (virtual desaparición de la división republicana de poderes) impuesto bajo el disfraz de “democratizar” la justicia.
Lo que su consejera jurídica, Luisa María Alcalde, presentó ayer no es una rectificación, sino un parche que agravará más aún la tragedia del Poder Judicial en todos sus niveles.
Posponer de 2027 a 2028 las elecciones pendientes de jueces y magistrados no resuelve nada, sólo aplaza el colapso total.
Como dicen respetables jueces y magistrados en activo y en retiro, diferir la elección “es la confesión más clara del oficialismo sobre la inviabilidad del diseño original”.
Lo que procedía era que Sheinbaum asumiera plenamente su investidura y desmontara la aberración de la reforma que corroe la impartición de justicia, pero optó por seguir administrando la demencial necedad que colocó a México en el ridículo internacional.
Posponer la elección no corrige la pérdida de legitimidad ni devuelve profesionalismo a los juzgados y tribunales ni restituye su independencia, hecha trizas por tómbolas y acordeones, el sectarismo faccioso y la colonización partidista.
Reducir candidaturas y simplificar boletas son maniobras cosméticas que equivalen a maquillajes funerarios.
No se elimina la contaminación ideológica ni se garantiza que quienes impartan justicia posean experiencia, capacidad técnica, libertad y nociones elementales de derecho constitucional.
Se intenta “hacer administrable” el caos que el maligno López Obrador sembró.
No se corrige: se pospone el conflicto: El argumento de evitar en 2027 la simultaneidad de elecciones políticas y judiciales es tramposo, porque lo único que realmente se hace es patear el balón para que el desorden explote después con mayor fuerza.
Mientras tanto, el deterioro está a la vista: la Corte de los Acordeones se ha convertido en símbolo grotesco de subordinación política y en los tribunales y juzgados federales y locales proliferan decisiones erráticas, improvisaciones, vacíos procesales y se fomenta una percepción creciente de arbitrariedad.
El sistema judicial mexicano no atraviesa una transición, sino una pestilente descomposición.
La tragedia es que, por lealtad ideológica a su mentor, Sheinbaum está decidida a profundizar el desastre, como si desmontar el disparate equivaliera a traicionar al movimiento.
Tal vez ahí, precisamente, radique el problema de fondo: la imposibilidad política de reconocer que López Obrador dejó activada una bomba institucional, y más cuando el encueramiento de los narconexos debiera aconsejar prudencia extrema en vez de seguir debilitando las instituciones.
En tanto que el obradorato insiste en controlar jueces, tribunales y fiscalías, lo que emerge es la sospecha de que lo menos que se busca es “justicia popular”, sino simple y vulgar protección política...
