No como solución, sino como pecado, el fracking en México venía siendo tratado como un dogma al revés. Andrés Manuel López Obrador lo convirtió en anatema y seguimos dependiendo cada vez más del gas estadunidense, obtenido con la misma técnica que aquí se había condenado.
Por eso es relevante —sobre todo sensato— el giro de la presidenta Claudia Sheinbaum: no ha decidido explotar el subsuelo mediante esa técnica, pero sí que se estudie la posibilidad.
Recurrió a la ciencia y a los expertos de instituciones como la UNAM y el Poli para que investiguen si es conveniente extraer hidrocarburos —sobre todo gas— con los menores daños ambientales.
La decisión es irreprochable. En tiempos donde la política suele sustituir al conocimiento y poner a la ciencia en la mesa del obradorato es casi subversivo.
El fracking consiste en perforar el subsuelo e inyectar agua, arena y químicos a alta presión para fracturar la roca y liberar el gas y el petróleo atrapados a gran profundidad (esto permitió a Estados Unidos convertirse en potencia energética), pero también ha despertado temores: uso intensivo de agua, posible contaminación de acuíferos, emisiones contaminantes e inclusive microsismos.
México consume alrededor de nueve mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales casi siete mil millones provienen de Texas, pero cruzando la frontera posee importantes reservas de gas “no convencional” en Burgos, Coahuila; Tampico, Tamaulipas; Misantla, Veracruz, y Sabinas-Burro-Picachos en Nuevo León y Coahuila.
Negarse a evaluar su aprovechamiento no es política ambiental, sino renuncia estratégica.
Con Felipe Calderón hubo exploración técnica; con Enrique Peña Nieto marco legal; con López Obrador rechazo tajante, privando la oportunidad de desarrollo de la industria energética mexicana.
Ahora, con la oposición de organizaciones ambientalistas como Greenpeace, el debate resurge y qué bueno.
Hay asuntos en los que la política debe dejar que hable la evidencia científica.
Si los expertos concluyen que los riesgos son inaceptables, se descarta, pero si pueden mitigarse con nuevas tecnologías —agua reciclada, reducción de químicos, controles estrictos—, se decide con base en datos precisos y no por consigna.
Lo llamativo es la inconsistencia: mientras en el fracking se abre la puerta al análisis científico, con el maíz transgénico el gobierno se aferra a un rechazo sin sustento. En el contexto del T-MEC, Estados Unidos ha exigido pruebas de los imaginarios “daños a la salud” que México arguye, pero nunca ha presentado.
¿Por qué en un tema se convoca a los especialistas y en otro se privilegia la sospecha?
Si el criterio es la ciencia, que lo sea en todos los frentes.
Gobernar no es administrar prejuicios, sino resolver problemas.
Y en materia energética, como en la alimentaria, las decisiones no deben tomarse con base en la superchería, sino en el conocimiento.
Que el fracking se someta al escrutinio científico no es claudicar: es madurar.
Lo contrario no es ambientalismo, es simple y llano oscurantismo…
