Con el pretexto de abatir la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador viene podando el presupuesto… a machetazos y sumiendo en su más grave crisis, seguramente sin proponérselo, al sistema público de salud, a la vez que reinventa planes tan contraproducentes como el reparto de dinero en mano que priva de atención adecuada a 330 mil niños pobres, colocando a su secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, en riesgo de ir a la cárcel si no acata la orden judicial de restituir los fondos cancelados al Programa de Estancias Infantiles.
La magnitud de la renuncia-denuncia de Germán Martínez al IMSS es colosal (casi 60 millones de derechohabientes), pero fue por causas equiparables que Clara Torres Armendáriz, en los inicios del sexenio, renunció a la titularidad de ese sistema, porque se redujo a la mitad el respaldo económico institucional.
Obsesionado con el tema y atizando más el encono social en vez de alentar la conciliación, el Presidente acaba de crear un innecesario y absurdo Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que ni devolverá nada ni administrará lo hurtado a nadie.
Se trata de la conversión del organismo descentralizado de Hacienda Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en una grotesca variante de las casas privadas de subasta y desesperadas ventas de garaje, que se encargará de organizar ferias de remate de cosas que son propiedad del Estado mexicano y que nunca fueron producto de despojos (en todo caso, y sería muy discutible, en lo “robado” cabría lo incautado a criminales que pudieron, ¡o no!, ser resultado de atracos pero que, en rigor, jamás pertenecieron al “pueblo”).
Eufemístico y falsario, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado debutará el próximo domingo en Los Pinos con una subasta de vehículos entre los que resaltan los Porsche, Lamborghini, Corvette y… un vochito, donde se exhibirán dos camionetas y una ambulancia donadas a México por el rey de Jordania y, pese a que AMLO las considera “bastante extravagantes”, serán asignadas a la nada frívola Guardia Nacional.
De ninguno de los vehículos que se pondrán a la venta se ha informado a quiénes les fueron “robados” ni revelado la identidad de los imaginarios ladrones que, en el cambio de gobierno, resultaron tan honrados que entregaron a las nuevas autoridades el supuesto botín.
En el colmo del exceso persecutorio, a esa subasta seguirá otra de inmuebles que tampoco fueron robados, sino propiedad del gobierno y que habían sido prestados o rentados a organizaciones civiles, como la de Rosi Orozco, quien por un departamento en Bosques de las Lomas dedicado a la protección de víctimas de trata de personas y valuado en 22 millones de pesos, la señora ha pagado a lo que fue el SAE mensualidades de 40 mil pesos que totalizan ya 5 millones.
Así que, por favor, a otro perro con ese hueso.
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