Las voces que exaltan el “crimen de Estado” resurgen con los mismos personajes y organizaciones que, sin conocer las indagatorias o tener cercanía con los deudos o las autoridades, niegan la teoría de los investigadores, ahora en el caso de los jóvenes disueltos en ácido.
Piden por lo pronto la renuncia del gobernador Aristóteles Sandoval, una comisión internacional de expertos que revise el caso y claman por que se rechace la verdad histórica presentada por el fiscal estatal, a pesar de la solidez de los elementos esenciales que se conocen ya.
Añaden una Comisión de la Verdad, como la instituida en Guatemala para encarcelar a presidentes y gobernadores, y echarles a perder la vida en el tribunal de La Haya, en la CIDH y donde más se pueda.
También piden que “no se revictimice” a los tres jóvenes, en alusión obvia a la tía de uno de ellos apresada este mes por sus nexos con la delincuencia organizada en su expresión de lenocinio.
Los mismos de siempre, pues, los que dicen trabajar por las víctimas, pero a quienes no parece importarles que se procure y se imparta justicia.
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