Sobre los ex gobernadores Javier Duarte, Rodrigo Medina y César Duarte pesan actuaciones ministeriales de corrupción, acusaciones formales consignadas ante jueces que han derivado en órdenes de captura.
De ser ese tipo de deshonestidad el único cargo en su contra, los tres podrán sortear sus procesos en libertad (ocurre con Medina) y solo irán a prisión si en tribunales queda probada su culpabilidad.
Ello se debe al novedoso sistema de justicia penal que opera desde junio de 2016, cuyo principio rector, sobre la presunción de inocencia, protege al máximo los derechos humanos y, en consecuencia, limita éstos lo menos posible.
Hoy por hoy, la prisión preventiva solo aplica en casos de: homicidio doloso, delincuencia organizada, secuestro, violación, trata de personas, delitos violentos y los considerados “graves” que determine la ley contra la seguridad nacional o el libre desarrollo de la personalidad y la salud.
Por fortuna, contra el veracruzano hay otros cargos para encarcelarlo ipso facto, aunque bastaría su chapesca propensión a fugarse.
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