Durante años, la narrativa económica del país se refugió en la inercia de la estabilidad macroeconómica, un bastión erigido sobre dos pilares: la autonomía del Banco de México y la prudencia fiscal del Ejecutivo.
Sin embargo, en el panorama actual, esa aparente calma enfrenta una prueba de fuego. México se halla atrapado en un delicado dilema estructural donde las decisiones de gasto público y la conducción de las tasas de interés se tensionan mutuamente en un entorno global volátil.
Por un lado, el margen de maniobra de la Secretaría de Hacienda se ha estrechado a niveles mínimos.
Tras periodos de expansión del gasto destinados a compromisos sociales e inversión en obras de infraestructura federal, la urgencia de contener el déficit público es insoslayable.
Sin embargo, ajustar las cuentas públicas sin sofocar el dinamismo interno no es tarea sencilla.
Gran parte del presupuesto nacional se encuentra atado a rubros ineludibles: el pago de pensiones, el costo financiero de la deuda nacional y las continuas inyecciones de capital requeridas por las empresas productivas del Estado.
Ante la ausencia de una reforma fiscal integral que expanda la base gravable y formalice amplios sectores del aparato productivo, la estrategia fiscal descansa casi en su totalidad en la eficiencia recaudatoria.
Pero la fiscalización tiene un límite operativo. Financiar gasto recurrente mediante un mayor endeudamiento pone en riesgo las calificaciones crediticias del país y compromete la certidumbre necesaria para atraer inversión extranjera.
Por otro lado, en el frente monetario, el Banco de México ha optado por mantener una postura de cautela frente a la convergencia inflacionaria.
Con una tasa de referencia que permanece en terreno restrictivo, la junta de gobierno busca anclar de manera definitiva las expectativas de precios al objetivo del 3%. Si bien este rigor defiende el poder adquisitivo de las familias frente al costo de vida, no está exento de costos colaterales.
Una tasa de interés elevada encarece el crédito para el sector privado y aumenta sustancialmente el costo del servicio de la deuda del propio gobierno federal.
A esta ecuación interna se suma la presión externa. La economía mexicana no opera en el vacío: la evolución del tipo de cambio, los precios internacionales de la energía y las tensiones comerciales en torno al contenido regional bajo el marco del T-MEC exigen que la política monetaria y fiscal caminen en perfecta sintonía.
Un desacople precipitado podría desestabilizar la moneda y reavivar presiones inflacionarias importadas.
México se encuentra ante un verdadero acto de malabarismo.
La política económica debe demostrar que es capaz de moderar el déficit público, garantizar la certidumbre a la inversión y sostener la estabilidad de precios sin ahogar el crecimiento.
El margen de error es reducido y el costo de fallar se pagará en menor margen de desarrollo para el futuro del país.
