Al cabo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció bases militares en diversos países. Enquistadas en diversos lugares, hay 566 bases dedicadas a vigilar el orden mundial y asegurar la preponderancia militar y la protección de los aliados que entraron a la posguerra postrados económicamente.
En 1951 Harry Truman y Winston Churchill firmaron un acuerdo permitiendo el establecimiento de 15 bases militares en el Reino Unido (RU) que actualmente alojan a 12 mil soldados y personal militar. La guerra en Irán llamó la atención sobre estas bases porque el factor naranja quiso utilizarlas para atacar ese país. Keir Starmer negó el permiso de usarlas para algo que fuera distinto de fines defensivos aunque nunca fue claro cómo el gobierno del RU haría cumplir esta medida. Pedro Sánchez fue más radical prohibiendo su uso en una guerra que el gobierno español considera injusta e ilegal. Giorgia Meloni también prohibió el uso de las bases en Sicilia aduciendo que el gobierno norteamericano no había solicitado el permiso correspondiente. La soberanía nacional obstaculizó las decisiones unilaterales y aunque tales actos de resistencia no amenazan la supremacía militar norteamericana, sí logran en cambio destacar que esta también depende de mantener abiertos los canales diplomáticos. Trump no lo ha olvidado. Forma parte del rencor contra la Unión Europea y de su desprecio hacia la OTAN. Su desmantelamiento de la alianza internacional ha cuestionado la función y utilidad de bases que ya no cumplen con la función que hasta ahora justificaba su presencia.
Cada base tiene estatus extraterritorial, lo cual significa inmunidad frente a las instituciones nacionales. Son extensiones de Estados Unidos regidas por leyes propias sólo sujetas a cortes marciales. Según el acuerdo entre los dos países, los delitos cometidos por soldados estadunidenses sólo pueden ser evaluados por jueces militares norteamericanos.
Las principales están situadas en Lakenheath y Mildenhall, en Suffolk; Fairford, en Gloucestershire, y Croughton, en Northamptonshire. Cada una de ellas constituye un país en miniatura cuyo propósito no sólo es paliar la nostalgia del terruño, sino también afirmar el poder de Estados Unidos. Estos enclaves son importantes para que los enormes bombarderos B-1 y B-52 carguen combustible y armas, para alojar jets de combate F-35 y como centros de espionaje.
Lakenheath cuenta con su propio centro comercial, un Taco Bell, un Burger King, boliche, una cancha de béisbol y una pequeña estatua de la libertad. Últimamente también almacena armas nucleares.
Desde estas bases se interceptan mensajes que ayudan a localizar enemigos y eliminarlos utilizando drones, una práctica cuestionable que transforma la guerra en una cacería eufemísticamente definida como micro intervención. La prepotencia del gobierno norteamericano y sobre todo la arrogancia del factor naranja han contribuido a una conciencia crítica de la presencia de estos enclaves militares y de la actuación de los soldados. Así ha sido posible identificar una vasta serie de crímenes que incluyen delitos sexuales como pedofilia, violación, exhibicionismo, ebriedad e infracciones. Varios incidentes ocurren fuera de las bases y de asueto y aunque las víctimas sean ciudadanos británicos los militares insisten en que el proceso legal quede en sus manos. Al contrario de lo que sucede con los juzgados ingleses, la corte marcial no admite testigos fuera de su jurisdicción.
En nombre de la disciplina las autoridades militares norteamericanas insisten en ejercer su exclusividad sobre la justicia local, pero el argumento ha perdido tracción. Un caso reciente ha destacado su asimetría. El 2 de diciembre de 2023 Sarah Steele, académica de profesión, despertó en una bañera inmersa en agua fría. Se encontraba en el departamento de un piloto norteamericano a quien acababa de conocer y le dolía el cuello. Poco después se dio cuenta de que había sido drogada, estrangulada y violada por el capitán Jeff Wulfson. En un juicio ordinario el caso habría sido analizado por un jurado mixto y en caso de hallársele culpable el o la juez habría dictado sentencia. No fue lo que ocurrió con Wulfson, a quien se le juzgó dentro de la base militar a pesar de que el delito no había ocurrido en horas de trabajo y en territorio inglés. Un coronel de la fuerza aérea fungió como juez. Ocho oficiales masculinos sirvieron como jurado y su veredicto fue benigno. Wulfson no fue encontrado culpable de violación sino de asalto sexual. Entre los miembros del jurado estaba otro militar que enfrentara acusaciones similares siendo exonerado por una corte marcial parecida a la que ahora juzgaba el delito de Wulfson. De acuerdo con el derecho que otorga la Constitución norteamericana Wulfson permaneció callado durante el juicio de tal forma que no fue posible conocer su versión de los hechos.
Steele posteriormente declaró que en lugar de ser tratada como la víctima la habían hecho sentir culpable. El abogado del agresor la acusó de tener más interés en el dinero que en su integridad y el fallo del jurado eximió a Wulfson, pero además de asalto sexual fue encontrado culpable del intento fallido de estrangulamiento. Unos cuantos meses de confinamiento saldarían el asunto.
Este y otros casos muestran la creciente conciencia de lo necesario que es recuperar el fuero del sistema legal inglés. El desplazamiento del centro de gravedad ilustra cómo el desprecio del factor naranja hacia Europa está teniendo un efecto inesperado. Su arrogancia de hecho contribuye a que los europeos cierren filas en defensa de sus intereses e instituciones, un efecto contrario al que el anaranjado se proponía. Es de esperar que la política seguida por la administración norteamericana logrará lo que ningún líder europeo ha conseguido: unificar la diversidad del continente aglutinándolo de cara a un enemigo común.
No puede esperarse el cierre de las bases militares norteamericanas en Europa, pero sí su acotamiento y acaso la pérdida de su prestigio y, con él, de su preponderancia indiscutible hasta ahora.
Bienvenidos a la Guerra Fría.
