Sin duda, el juicio de amparo es el instrumento jurídico más importante para la protección de derechos humanos que tienen los ciudadanos en nuestro país. Es una institución jurídica histórica, creada en México desde 1841 para combatir injusticias que se cometen por las autoridades.
Desafortunadamente este medio de defensa se ha complejizado mucho, volviéndolo cada vez más inasequible para la población que no tiene acceso a una defensa legal técnica y generalmente costosa; y muchas veces, lejos de servir al ciudadano, se utiliza para salvaguardar intereses económicos privados por encima del bienestar de la población.
Esta situación ha sido constante en el campo de la salud y la regulación sanitaria, donde confluyen factores de poder muy importantes como las tabacaleras, farmacéuticas, industria de alimentos, entre otras. Cada vez es más común que se tomen decisiones por algunos miembros del Poder Judicial de la Federación que opacan la utilidad del amparo como mecanismo de protección de derechos humanos. Algunos ejemplos:
1. Una de las atribuciones que tiene la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es autorizar medicamentos a partir de un análisis complejo sobre su seguridad, calidad y eficacia. Por otro lado, está facultada a verificar y clausurar establecimientos de salud. Por medio de amparos, concedidos por simples formalismos, se ha obligado a la autoridad sanitaria a autorizar medicamentos deficientes y a reabrir clínicas quirúrgicas con irregularidades graves que habían sido clausuradas, poniendo en riesgo la salud de la población.
2. México ocupa los primeros lugares a nivel mundial en diabetes y obesidad infantil; entre las políticas implementadas está el uso de sellos de advertencia en alimentos con exceso de calorías, grasas y sodio, así como limitar su publicidad. A través de amparos se han dejado sin efectos algunas de estas políticas, como la que prohíbe el uso de dibujos animados y personajes infantiles en empaques y en publicidad para atraer el consumo de productos chatarra en niñas y niños.
3. El tabaquismo sigue siendo la principal causa de muerte prevenible. En México fumar mata aproximadamente 63 mil personas al año, incluyendo a fumadores pasivos. Recientemente se modificó la Ley de Control de Tabaco y su reglamento, lo que implica, entre otras cosas, ampliar los espacios 100% libres de humo, así como prohibir la publicidad. Por medio de amparos se han dejado sin efectos varias de estas políticas, permitiendo que se fume en zonas donde se consumen alimentos y que se exhiban cigarros en anaqueles como mecanismo de publicidad, a pesar de que existe evidencia de que estas medidas bajaron los índices de consumo. También se ha permitido la venta e importación de vapeadores a pesar de la creciente evidencia sobre su toxicidad, un problema de salud que ataca principalmente a jóvenes.
Estemos o no de acuerdo con estas políticas es válido preguntarnos: ¿Realmente se están protegiendo los derechos humanos mediante estas decisiones judiciales? ¿Estas sentencias de amparo superan el famoso “test de proporcionalidad”? ¿Es razonable que un solo juez pueda desaplicar leyes, reglamentos y/o políticas de salud pública que están sustentadas en análisis técnico y, en algunas ocasiones, en grandes periodos de debate?