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Domingo , 24.03.2019 / 08:20 Hoy

Columna de Antonio Alvarado Guerrero

Balance del 19-S: actores y responsabilidades

Antonio Alvarado Guerrero

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Después de casi un año del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, podemos establecer el balance de la tragedia ocurrida en Ciudad de México, con base en las cifras oficiales respecto al número de damnificados y daños materiales por ese desafortunado acontecimiento. De acuerdo con las cifras de CdMx: 228 personas perdieron la vida, 26 mil personas resultaron afectadas y más de mil 554 edificios tuvieron afectaciones.

Para hacer frente a esta tragedia, entre 2017 y 2018 se aprobaron recursos públicos que superan los 8 mil millones de pesos.(1) Debido a la magnitud de las afectaciones y lo que costará remediarlas es importante analizar las responsabilidades que se derivan de los sismos, como se desprende de la investigación de mi autoría para Impunidad Cero “A un año del 19-S: responsabilidades derivadas de los sismos”, donde se analiza el concepto de la responsabilidad desde dos acepciones.

En la primera, se entiende la responsabilidad como el conjunto de obligaciones, tareas, mandatos o actividades que una persona física o moral tiene a su cargo como consecuencia de alguna ley, reglamento o norma. En la segunda, la responsabilidad es la consecuencia que se genera por infracción o falta de cumplimiento de una obligación, tarea, mandato o actividad a cargo de una persona y/o funcionario público.

Los actores que intervienen o cuentan con algún grado de responsabilidad debido a los daños ocasionados por el sismo del 19-S son, para empezar, las autoridades de Ciudad de México, quienes tienen varias obligaciones ante este tipo de fenómeno natural, ya que son las encargadas de atender y resolver las emergencias derivadas de los sismos. Algunas de las autoridades que intervienen inmediatamente ante este tipo de emergencias son la Secretaría de Seguridad Pública, la cual tiene a su cargo los servicios policiales y de tránsito de la ciudad y la Secretaría de Protección Civil, que debe salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos y su entorno, mediante los servicios de atención médica como ambulancias, bomberos y rescatistas.

A su vez, existen otros actores que tienen cierta responsabilidad ante este tipo de afectaciones por los sismos, ya que intervienen en todo el proceso de edificación de inmuebles. A continuación se hablará de dichas autoridades y del grado de participación y/o responsabilidad de las mismas:

Jefe de Gobierno y la Asamblea de representantes. Elaboran y publican leyes en materia de desarrollo urbano y vivienda que permiten aprovechar de mejor manera el suelo de la ciudad, prevenir daños por sismos y generar mecanismos para afrontar sus consecuencias y daños. Esta responsabilidad es una de las más importantes, ya que a partir de su correcto ejercicio podemos medir en mayor o menor medida si las leyes en materia de desarrollo urbano y vivienda funcionan para prevenir y corregir los daños ocasionados por los sismos.

Secretaría de Desarrollo Urbano. Se encarga de proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación de permisos de construcción. Esta labor permite identificar qué construcciones son más resistentes e idóneas en Ciudad de México y cómo es que deben edificarse de acuerdo con normas técnicas, con la finalidad de contar con inmuebles que se apeguen a las normas más estrictas en materia de construcción.

Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Este instituto establece la creación de normas técnicas, lineamientos, reglas y criterios que permiten dotar a las construcciones de mayor seguridad estructural y prevención de colapso ante un sismo, labor que permite la revisión y aprobación de la estructura de un inmueble que se va a construir, así como la revisión y aprobación de las estructuras de los inmuebles existentes.

Delegaciones políticas y el Instituto de Verificación Administrativa. Verifican el cumplimento de normas administrativas, por ejemplo las relacionadas con el desarrollo urbano, construcciones y vivienda.

El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de Ciudad de México. Este instituto aún no ha sido creado. Sin embargo, su importancia radica en que tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, garantizando la participación directa de los sectores académicos, culturales, sociales y económicos, con las modalidades que establezca la ley, determinando qué tipo de construcciones se pueden o no edificar en Ciudad de México.

Los Auxiliares de la Autoridad. Los auxiliares de la autoridad se identifican como los Directores Responsables de Obras (DRO) y Corresponsables en Seguridad Estructural (CSE). Estos dos actores son especialistas o peritos en arquitectura y estructuras de inmuebles, auxiliares de las autoridades delegacionales que, entre otras funciones, se encargan de revisar y avalar los proyectos arquitectónicos y estructurales de las construcciones con el objeto de asegurar que dichos proyectos cumplan con la normatividad vigente en materia de Desarrollo Urbano y Vivienda. Su incorrecta intervención constituye una responsiva que implica asumir consecuencias administrativas, civiles, penales o cualquier otra que pudiera derivarse del desempeño de sus funciones.

La Sociedad. La sociedad hoy en día se encuentra relacionada directa o indirectamente con la mayoría de los temas en los cuales comúnmente se piensa que son las autoridades las únicas responsables. En este sentido, tiene una participación relevante ante desastres naturales como los sismos, ya que los poseedores, propietarios, inquilinos o constructores de inmuebles tienen cierto grado de responsabilidad ante las devastaciones ocasionadas por los sismos en construcciones irregulares.

Con lo anterior, podemos concluir que cuando las obligaciones de estos actores en materia de construcción no se cumplen, se edifican construcciones irregulares que tienden a verse afectadas ante un sismo. De ahí devienen las responsabilidades que deben asignarse para prevenir pérdidas de vidas y evitar el mayor número de daños posibles en los próximos sismos.
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*Especialista en Derecho Civil y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; asesor jurídico y litigante en materia inmobiliaria con más de 12 años de experiencia en el campo de la construcción. Articulista en la Revista de Derecho Privado de la UNAM. Brigadista para asesoría jurídica tras el sismo de septiembre de 2017 en la Fundación Appleseed México AC.
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(1) Así publicó la plataforma CdMx como cifras oficiales https://plataforma.cdmx.gob.mx/presupuesto/acciones-aprobadas-2018.

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