Cuando pensamos en esos fatídicos 26 y 27 de septiembre de 2014, debemos recordar que los hechos que sucedieron eran inesperados, inexplicables pero evitables. La actuación de autoridades en connivencia con grupos criminales desencadenó una agresión violenta respecto de jóvenes que tenían para esa época muy pocos años y una gran ilusión.
Sus familias esperaban que fueran maestros de lo rural y tuvieran un futuro. La realidad fue otra: esos días de septiembre truncaron muchas vidas y generaciones enteras quedaron en suspenso y con la gran incertidumbre. Más de 300 víctimas se produjeron en cuestión de horas y, aún hoy, se siguen repitiendo actos de violencia que aumentan el daño, la impotencia, el dolor y las víctimas.
La impunidad es una forma de violencia que genera brechas de desigualdad y de vulnerabilidad que cercenan los proyectos de vida, el derecho a saber y el de conocer qué pasó con sus familiares, así como el derecho a conocer quiénes son los responsables. Pero, sobre todo, convierte en víctimas a múltiples personas y a una sociedad que no sólo pierde la confianza en las instituciones, sino que reafirma la incapacidad de éstas para impartir justicia.
La paradoja del 26 y 27 de septiembre radica en la finalidad de la acción que estaban realizando los estudiantes de la Normal Isidro Burgos. Un grupo de jóvenes de esta institución estaban encargados de aprovisionamiento de medios de transporte a los estudiantes de ésta y otras rurales para viajar a México el 2 de octubre de 2014 y conmemorar la masacre de Tlatelolco, para que no se olvide que, en 1968, hubo una de tantas masacres. Lo que nunca sospecharon es que serían ellos mismos parte de otro exterminio, que además tuvo persecución, tortura, ejecuciones y desapariciones que fueron seguidas de un gran proceso de ocultamiento, simulación y distorsión, que ha permitido que a doce años de los hechos haya todavía muchos vacíos y múltiples lagunas.
El caso de los estudiantes demuestra patrones, formas de actuación y de desprecio por los derechos y por la vida que por esa época y aún en la actualidad, se impregna en todo el estado de Guerrero, en el que sus mismos habitantes consideraban como una violencia sistemática y común que evidencia cómo se comportan las autoridades, el crimen organizado y diversas instituciones que se creen con derecho a disponer de la integridad y vida de las personas.
Los doce años que han transcurrido también demuestran la presencia de actores con mucho poder que ejercitan permanentemente sus círculos de protección, y que hasta ahora han surtido efecto: impedir saber dónde están los estudiantes y qué han hecho con ellos. Ojalá haya alguien capaz de romper de manera efectiva esos círculos y además la inmunidad que campea en esta investigación. Hay muchos padres que ya murieron y no pudieron conocer la verdad, y los demás tienen derecho a conocer hoy y ahora dónde están sus hijos. La justicia no puede tardar más.
Estos doce años han mantenido en suspenso a familias enteras que, como es natural, han desplazado todo para dar con el paradero de sus hijos. Ellos merecen conocer lo que pasó. Son ellos los que deben ser hoy reparados por una justicia que también en algunos casos ha estado sometida a presiones políticas que deben ser de inmediato retiradas. Un país se conoce por la justicia que produce.
