Resulta que el Registro Agrario Nacional que operaba en Torreón, Coahuila —una instancia destinada a atender al ya de por sí castigado sector campesino de este país— permanece cerrado desde hace cuatro meses.
Sus usuarios, en gran parte adultos mayores, deben desplazarse desde las rancherías más apartadas de la Comarca Lagunera hasta dichas oficinas para realizar trámites relacionados con sus tierras.
Se trata, normalmente, de personas de edad avanzada, con recursos económicos limitados, padecimientos de salud y escasa formación académica, que acuden —casi con resignación, casi implorando— a gestionar lo que en justicia les corresponde.
Hace cuatro meses, el personal informó —mediante una hoja improvisada pegada a la puerta de la dependencia— que cambiarían de sede, que se trasladarían a otra
dirección. Hasta ahí, todo parecía razonable. Es comprensible que una mudanza retrase procesos; se entiende que el personal pueda verse rebasado o limitado
en sus funciones durante la transición. Incluso, una versión extraoficial señala que la titular de la dependencia, Virginia Macías, habría fallecido el
pasado 24 de febrero, tras 42 años de servicio, lo cual explicaría parcialmente la prolongada inactividad. Todo ello puede entenderse.
Lo que resulta inadmisible —y profundamente revelador— es la indolencia institucional, la indiferencia burocrática y ese centralismo implacable que, desde la distancia, decide quién importa y quién puede seguir esperando.
Porque en México, la dilación no es un accidente: es un mecanismo.
Hoy, el Registro Agrario Nacional efectivamente se mudó, pero las nuevas oficinas permanecen vacías.
La gente llega, pregunta, insiste; y es un guardia de seguridad de una dependencia contigua quien, con la incertidumbre como única respuesta, les informa que “no hay nadie” y que no sabe “para cuándo”.
Así, el Estado se reduce a una puerta cerrada, a un aviso ambiguo, a una ausencia que se normaliza.
Imagínese, una vez más, a esas personas: hombres y mujeres de recursos exiguos —en todos los sentidos que la desigualdad impone—, viajando en autobús o pagando un taxi que apenas pueden costear, soportando enfermedades y fatiga, solo para encontrarse con el vacío.
No es un error administrativo; es una forma de desprecio institucionalizado.
Es el país diciéndoles, sin decirlo, que su tiempo carece de valor, que su urgencia puede postergarse indefinidamente.
Mientras tanto, desde la comodidad del discurso oficial, se repite la consigna: “Primero los pobres”.
La frase suena bien, casi redentora. Pero en los hechos se
disuelve entre escritorios vacíos, puertas cerradas y trámites suspendidos.
Porque no basta con nombrar a los pobres; hay que atenderlos.
Y, sobre todo, dejar de hacerlos esperar.
